El Gobierno de la Provincia salió al auxilio financiero de la empresa conocida como "Agroindustria Pomán", una firma municipal que el año pasado creó el intendente Francisco Gordillo (FJV) luego de adquirir la fábrica que Vanoli cerró también en 2018. Lo hizo mediante una transferencia del Ministerio de Producción por intermedio de otra empresa estatal: Agroindustrias Catamarca (AICAT), con dinero para cubrir la cosecha.
La ayuda llegó mediante una resolución ministerial (nº483) firmada el 11 de septiembre del año pasado, pero recién se publicó en el último Boletín Oficial. Con ese instrumento, se transfirieron $500.000 a la estatal AICAT "en el marco del convenio específico celebrado entre el Ministerio, AICAT SE y la Municipalidad de Pomán, destinado a colaborar con la ejecución del Programa de Cosecha y Procesamiento de Aceitunas".
El mismo instrumento autoriza además a que ese dinero sea transferido desde la empresa a la Municipalidad, por lo que AICAT (que se define como brazo ejecutor del Ministerio) fue simplemente un intermediario.
La Municipalidad de Pomán adquirió la fábrica de Vanoli tras la salida de la empresa y concretó el convenio en marzo del año pasado. El 23 de marzo en un acto en Casa de Gobierno, las autoridades provinciales y municipales habían destacado que la compra de la fábrica no demandaría ningún gasto para el Estado, ya que el costo de adquirir la planta sería cubierto por lo producido.
La ex Vanoli está ubicada en la Villa de Pomán y se dedica a la producción de aceite de oliva e industrialización de aceituna de mesa.
La empresa que la administraba decidió su cierre en febrero de 2018 y despidió a 16 empleados, pero dos meses después la Municipalidad de Pomán la compró por $23 millones e inició un proceso que puede durar diez años hasta completar el pago: el acuerdo es por cinco años, pero se puede prorrogar por otro igual.
La compra incluyó el predio de la fábrica, que consta de 14.000 metros cuadrados con más de 2.000 metros cuadrados cubiertos, 130 tanques, entre otras cosas además de la maquinaria y algunos insumos. Con la adquisición, el intendente de Pomán pretendía contener a más de 200 pequeños productores de aceituna de mesa que ya le vendían a la fábrica y explicaron que todo lo que se generara en la fábrica estaba completamente comprometido a DULCOR, que aparentemente tenía interés por continuar recibiendo el producto.
La polémica Días pasados, el intendente Gordillo anunció que la Municipalidad implementaría una tasa que alcanzaría a los productores que retiren la aceituna de la jurisdicción municipal para venderla en otros lugares, lo que desató la bronca de los productores aun a pesar de que esa tasa no iba directamente al productor sino al transportista, porque muchos pequeños productores realizan toda la cadena: producir, transportar y vender.
Además, Gerardo Romero, uno de los productores, explicó que la iniciativa se debe a que muchos eligen vender la fruta en La Rioja porque "pagan un precio justo", y no en la estatal de la Municipalidad. A las críticas se sumó el diputado Francisco Monti (FCS-Cambiemos), quien sostuvo que cobrar ese impuesto era ilegal. El ministro de Producción, Daniel Zelarayán, tuvo que poner paños fríos y fue el encargado de desestimar la posibilidad de que el municipio pueda implementar una tasa para el productor olivícola. "No era el espíritu del intendente cobrarle al productor, puede haber una mala interpretación. Implementar una tasa o una barrera fitosanitaria se tiene que realizar a través del consenso y a partir de conversaciones con las instituciones como el SENASA", explicó.
Además, explicó que la situación actual de los olivícolas es complicada. "Es un año con poca producción debido a las condiciones climáticas de noviembre y diciembre. Conversamos con el intendente y con el diputado Monti y la verdad que no hay ninguna tasa para cobrarle a los productores. Nunca vamos a hacer algo en desmedro de los pequeños productores: tienen la libertad de vender a quien quieran", opinó.El Ancasti
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