Una orden judicial desarmó las restricciones al acceso y al transporte de la producción de papa impuestas desde el 21 de marzo por el intendente de Aconquija (Catamarca), Cristian Gutiérrez, con motivo de la prevención de la covid-19.
El juez federal Nº1 de Tucumán, Daniel Bejas, ordenó la liberación de los caminos para que, con ciertas condiciones de seguridad, un conjunto de paperos tucumanos pueda entrar a los campos y extraer las hortalizas. La medida cautelar garantiza la vigencia del decreto presidencial del 19 de marzo que exceptuó del aislamiento obligatorio a quienes fabrican alimentos. El desbloqueo de la ruta 65 beneficia a alrededor de 450 hectáreas, que equivalen al 45% de la superficie cultivada en la jurisdicción de Aconquija, según informó este jueves el ingeniero agrónomo y concejal de Concepción, Juan José Vargas.
El juez Bejas acogió la petición de los productores Vargas, Cristian Martín Aguera, Salvador Radino, Humberto José Ramón Guchea, José Alfredo Jiménez, Francisco Javier Aguera, Nicolás Antonio Rivas Chein, Víctor Córdoba, Antonio Enrique Svaldi y Segundo Miguel Delgado, quienes el lunes se habían plegado a una demanda del legislador radical Raúl Albarracín. En síntesis, el titular del Juzgado Federal Nº1 entendió que la actividad económica de los demandantes estaba exceptuada de la cuarentena y que aquellos podían desarrollarla mediante la observancia de las reglas estipuladas, como la exhibición del Certificado Único Habilitante para la Circulación. Con ese criterio, ordenó al intendente Gutiérrez, a las demás autoridades de Aconquija y a las fuerzas de seguridad que se abstengan de obstruir el paso o la circulación en particular de la ruta 65, y permitan realizar la normal explotación y la cosecha de los campos que los paperos cultivan.
La orden judicial restablece los nexos socioeconómicos intensos existentes entre el sur de la provincia y Aconquija, lazos del mismo tipo que los que unen, por ejemplo, a las poblaciones del Norte y del Este tucumano con los campos y parajes de Salta y de Santiago del Estero. Esos vínculos productivos y comerciales se complicaron o cortaron a posteriori del establecimiento de la cuarentena, cuando las distintas jurisdicciones cerraron sus fronteras. De un momento a otro, los productores locales se encontraron con que el intendente Gutiérrez había bloqueado la ruta con el argumento de que la circulación de los camiones y del personal afectados a la cosecha en la zona de Las Estancias ponía en riesgo la salud de su pueblo. Las gestiones desarrolladas no consiguieron remover los obstáculos. Las alternativas implicaban alargar el camino unos 300 kilómetros -la conexión directa entre Aconquija y Concepción por la ruta 65 demanda un viaje de una hora y 45 minutos (73 kilómetros)-, o un trasbordo en el límite provincial que implicaba trastornos logísticos, mayores costos y riesgos de seguridad por tratarse de una ruta de cornisa, y demoras.
Subas denunciadas
A los fines de destrabar el conflicto, el legislador radical Albarracín había solicitado una cautelar a la Justicia Federal el 1 de abril. Con el patrocinio del abogado Santiago Viejobueno, el legislador expresó que la conducta arbitraria del jefe municipal de Aconquija transgredía el decreto del presidente Alberto Fernández al tiempo que ponía en riesgo la provisión de papas en la región puesto que de los campos catarmaqueños salen las semillas sembradas en aproximadamente 6.000 hectáreas de Tucumán y de las provincias vecinas, así como hortalizas frescas para el consumo interno. Albarracín expuso que la obstrucción ya había impactado en la oferta y la demanda: “destaco que el no haber podido cosechar aún la producción de Las Estancias que se destina al mercado fresco implicó en estos días una tremenda suba de los precios de la papa y el zapallo. Así, la bolsa de 20 kilos de papa pasó de $ 250 a $ 550, y el kilo de zapallo, de $ 8 a $ 18. Es decir, la suba fue superior al 100% de su valor normal y se espera aún mayores aumentos si prosigue esta situación de corte de rutas”.
A comienzos de esta semana, un conjunto de productores adhirió a la acción de amparo que había formulado Albarracín en su condición de representante del pueblo para evitar los escenarios de escasez y desabastecimiento. Los paperos se presentaron como damnificados directos ante Bejas: esta medida salvó la causa puesto que el juez consideró que el legislador carecía de legitimación para peticionar como lo había hecho. Previamente, el 28 de marzo, el edil y productor Vargas había deducido una denuncia penal contra el intendente Gutiérrez en el centro judicial de Concepción. Este manifestó que la coyuntura era muy difícil. Y añadió: “sólo nos permiten que trabaje gente de Las Estancias, y todo es muy lento y engorroso. A los camioneros, por ejemplo, les colocan una faja en la puerta y deben permanecer hasta seis horas adentro del vehículo. Los productores somos cautivos del tiempo y de las autoridades, por eso festejamos esta decisión de la Justicia Federal que da tranquilidad al sector agropecuario”.
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