La diputada provincial del Frente de Todos y presidenta de la cámara de Diputados, Cecilia Guerrero presentó un proyecto de Ley mediante el cual “no podrán ingresar ni permanecer como funcionarios o empleados de la Administración Provincial, en ninguno de los poderes del Estado, las personas condenadas por sentencia firme, por delitos cometidos mediante el ejercicio de violencia de género, delitos agravados por violencia de género y delitos contra la integridad sexual”.
Asimismo, la diputada señala que “considérase a la violencia de género como una ofensa a la dignidad de las mujeres y diversidades y una violación grave a sus derechos humanos”, y que en función de eso “establécese que los hechos de violencia de género cometidos por funcionarios, empleados y agentes del Estado Provincial, de los tres poderes en los que se encuentra dividido el Gobierno de la Provincia, sea que se produzcan en el ámbito de sus relaciones personales, familiares o laborales, constituyen conducta indecorosa e indigna de la consideración y confianza que su estado oficial exige y resultan incompatibles con el acceso, ejercicio y permanencia en la función pública”.
Además, expresa que “es causal de aplicación de la sanción administrativa de cesantía, en los tres poderes del Estado Provincial, incurrir en actos de violencia familiar o de género, en cualquiera de sus modalidades, tanto en el ámbito de las relaciones familiares, personales o laborales, en la vía pública o en el lugar de trabajo, aunque la conducta no configure delito tipificado por el Código Penal”.
Mientras que la sanción administrativa de exoneración será por la condena a un funcionario o agente público como autor penalmente responsable de la comisión de los delitos de lesiones leves o lesiones graves cometidas contra una mujer o identidad diversa, y agravadas por violencia de género; delitos contra la integridad sexual, en cualquiera de sus tipos penales, y/ o agravantes; y Femicidio.
En otro artículo del proyecto, Guerrero expresa que si un empleado público es exonerado o cesanteado “tendrá derecho a ingresar mediante relación de empleo público, la persona que hubiese sido la víctima del delito cometido por el agente o empleado” siempre que la persona víctima fuera mayor de edad, tenga idoneidad y carezca de medios de vida propios”.
