La ciudad de Santa María se encuentra a un paso de declararse “provida”, situación que se da en la antesala al debate por el proyecto con media sanción de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en la cámara alta del Congreso. Sucede que para hoy se prevé el tratamiento del proyecto que inició el padre Juan Antonio Gil Solórzano en el Concejo Deliberante de aquella ciudad. La iniciativa en cuestión lleva la firma de cinco de los siete ediles, es decir, la mayoría estaría acompañando la declaración para la sesión de hoy.
Desde el CD santamariano explicaron que el proyecto se tratará sobre tablas y que prácticamente está definido el resultado. Es que la iniciativa lleva la firma de los concejales Fernando Cuello, Martín Ríos, Roberto Herrero, Roberto Cáceres y de la presidenta del cuerpo, Soledad Condori. En tanto, las ediles Belén González y Lorena Monroy no firmaron el proyecto que ya lleva estampada la rúbrica de cuatro hombres y una mujer.
De acuerdo a lo que indica el proyecto, “la declaración implica el respeto a la maternidad fomentando el apoyo al tema que mejor procura la concepción: el compromiso de amor en la familia”. En este sentido acota que “el Estado debe ofrecer a sus ciudadanos los medios para una adecuada formación de conciencia pro-vitae, pro-homino que lleve a respetar toda vida, toda la vida para asegurar la realización personal de cada ciudadano, generando verdadera responsabilidad ante los actos y determinaciones que el mismo decida”.
Dentro de su articulado, explica que declarar a Santa María como ciudad Provida “significa la reafirmación del compromiso de esta comunidad con la vida de todos los seres humanos, sin exclusiones, ni discriminaciones arbitrarias, entendiendo como un valor social su cuidado y respeto”.
Además, indica que la cabecera departamental “reconoce y garantiza la plena vigencia en toda su jurisdicción del derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural”. También faculta al Municipio a “implementar a nivel educativo municipal jornadas y actividades de capacitación y formación sobre los objetivos de esta declaración”.
El proyecto (que se debatirá hoy y para el que se prevé una movilización del sector celeste y la asistencia del verde) abrió la polémica cuando fue presentado. Para el caso, la presidenta de Diputados, Cecilia Guerrero había rechazado las “intromisiones eclesiásticas, absolutamente ajenas a las cuestiones del Estado”.
También repudió la iniciativa la legisladora Adriana Díaz. La diputada, ante el conocimiento de que se debatirá hoy, rechazó el tratamiento de “una ordenanza impuesta por la curia del lugar que habilita el adoctrinamiento antiderechos en escuelas y centros de salud y hasta da vía libre a la financiación a través de convenios con ONG de procedencia incierta”.
Cabe señalar que ambas legisladoras no fueron las únicas en cuestionar la iniciativa. Es que hicieron lo propio distintas organizaciones feministas e incluso el Inadi.esquiu
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