El Gobierno de la Provincia presentó un proyecto de reforma del Poder Judicial en el que propone que los ingresos y ascensos dentro de la Justicia sean por concurso público y orden de mérito, como una manera de “democratizar” y hacer más transparente el servicio. La iniciativa se presenta como una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y cede a la Corte la reglamentación del mecanismo.
Entre las competencias que la ley actual le otorga a la Corte de Justicia están las de “nombrar los funcionarios y empleados cuyas designaciones no están determinados por la Constitución, pudiendo removerlos previo sumario, con audiencia del interesado, en el que se compruebe ineptitud o mala conducta”; y también las de “nombrar secretarios, director de Archivo de Tribunales, inspectores de Justicia, médicos forenses y protectores de Menores e Incapaces, cuya remoción podrá hacerla en la misma forma que para los demás funcionarios y empleados”.
La modificación que propone el Ejecutivo es que aquellos nombramientos se realicen “previo concurso público y abierto”. “La presente iniciativa conlleva necesariamente a democratizar el ingreso al Poder Judicial mediante mecanismos de selección por concursos públicos, abiertos y transparentes para cubrir los cargos vacantes que se susciten. El servicio de justicia se erige como uno de los pilares sobre los cuales reposa el orden social, en tanto que su mejoramiento y desarrollo constituyen los grandes desafíos de la actualidad”, fundamentó el Ejecutivo en el proyecto.
En este sentido, propone que estos concursos “garanticen la igualdad, idoneidad de los empleados y funcionarios como así también consoliden una Justicia independiente, regida por las mayores normas de transparencia y que desarrolle los procesos con celeridad e independencia”. Para el Gobierno, “poner en el debate público la cuestión judicial, en cuanto al ingreso de empleados y funcionarios, permitirá tener un mejor Estado de Derecho”.
El Ejecutivo propone delegar al Poder Judicial la facultad de establecer un procedimiento de ingresos con concursos de antecedentes y oposiciones “que consisten en exámenes de ingresos previos que, de aprobarlos, permitirán a los aspirantes ser incluidos en una nómina de ingresantes para establecer el orden de mérito, logrando un ingreso democrático”.
El Gobierno recordó que el artículo nº16 de la Constitución Provincial establece la admisibilidad en los empleos sin otra condición que la “idoneidad”. “La facultad delegada a la Corte de reglamentar el procedimiento tanto en lo que concierne al régimen de inscripciones, las distintas instancias evaluativas y la confección del correspondiente orden de mérito, lo hace en un todo respetuoso con las competencias constitucionalmente atribuidas y por sobre todo respetando la independencia de poderes, encontrando como límite a dicha atribución la salvaguarda de los principios de apertura, transparencia e igualdad que inspiraron este proyecto”, agregaron.
Por último, detalla que hay mecanismos similares en varias provincias como Chubut, Corrientes, Jujuy, Neuquén, Santa Fe, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán, además del Poder Judicial y Ministerio Público de la Nación.
El proyecto consta de 21 artículos, y 19 de ellos tienden a modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial para adecuarlo a la propuesta de ingresos por concurso para empleados y funcionarios.
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