En el marco de las audiencias públicas que el proyecto Minera Agua Rica-Alumbrera está desarrollando en Andalgalá para la puesta en marcha del yacimiento, el intendente de ese municipio, Eduardo Córdoba, presentó un escrito dirigido al Ministerio de Minería en el que pide que se exija a la empresa un Programa de Remediación Ambiental para el distrito de Campo Grande.
«Campo Grande ha sido objeto de estudio de Exploración Avanzada como parte del expediente que se tramita en el Ministerio y su desarrollo ha estado viciado desde el inicio, terminando con un nuevo proceso de conflictividad social en Andalgalá, de modo tal que la oposición de los vecinos de Choya a esta nueva campaña solo fue doblegada mediante el uso de la fuerza policial, quien custodió la suba de maquinaria y personal para realizar los trabajos exploratorios, sumado a la instalación ilegal sobre Ruta 47 de grupos de personas oriundas de Santa María, quienes 'garantizaban' en territorio andalgalense que los trabajos se ejecutaran», relató el intendente en el escrito, en relación con los incidentes de 2022, que se desataron cuando vecinos de la zona reclamaron por la turbiedad del agua.
El intendente recordó que por entonces el municipio intimó a MARA a cesar las actividades hasta que se determine la probabilidad de daño ambiental y que si bien la empresa frenó las tareas para evitar conflicto, a los 15 días retomó los trabajos con una autorización de Minería.
«El municipio contrató a profesionales externos para que efectúen una Evaluación sobre el Estado y Proyecciones de Riesgos e Impactos en las Cuencas Hídricas del Sur de la Sierra de Aconquija, con afectación a las comunidades de Choya y Potrero concluyendo que el recurso hídrico del que dependen las comunidades está en función de un delicado equilibrio natural preexistente que involucran a la topografía, fracturación del macizo rocoso, cubierta vegetal y que la gran sensibilidad de cualquier afectación está en directa relación a la proximidad que tienen los desarrollos urbanos con las cuencas hídricas», señaló.
«La respuesta en ese momento por parte del Gobierno fue expresar que la planta potabilizadora del distrito era pequeña. Los días que la comunidad estuvo sin agua, la solución fue llevar camiones, cargar los tanques y realizar la limpieza de la planta. Esa mínima acción fue la respuesta a una problemática de consecuencias diversas y potencialmente irreparables. No se tuvo en cuenta el daño, modificación de las condiciones del cauce del río, enturbiamiento del agua, entre otras», remarcó.
