El bloque de la Unión Cívica Radical, que conduce Silvana Carrizo, presentó un proyecto con la intención de rediscutir el reparto de los fondos que genera la minería. Para el caso, la intención de los boinablancas apunta a reestablecer la percepción de las regalías a los municipios, por cuanto en el 2020 se aprobó un nuevo régimen que habilitó a la Provincia la constitución de fondos fiduciarios. Es decir, los famosos fideicomisos mineros.
En la iniciativa, el radicalismo indica que “en efecto, la modificación a la anterior Ley de Regalías Mineras ha quitado a los municipios, donde se encuentra situado el yacimiento, la facultad de decidir libremente a través de su estructura política organizativa la inversión de las regalías provenientes de esa explotación». Sucede que el nuevo régimen solo estipula que las comunas propongan las obras de infraestructura, proyectos de inversión y de desarrollo productivo que estimen prioritarias para ser incluidas en el presupuesto provincial.
En este sentido, el proyecto aclara que, si bien corresponde que se estipule en la Ley del Presupuesto adónde serán aplicados los fondos provenientes por regalías que corresponden a la Provincia, «no es necesario y, por el contrario, va en contra de lo establecido en nuestra Constitución Provincial y demás normativa al respecto de las autonomías municipales es, justamente, que en la Ley de Presupuesto que es de carácter provincial deba incluirse cuestiones que son de competencia exclusivamente de los municipios y/o departamentos».
De esta forma, el bloque de la UCR entiende que «debe suprimirse el requisito de que en una partida del presupuesto provincial también se incluyan lo que les corresponde decidir a los municipios en donde esté situado el yacimiento», ya que esto permite al Ejecutivo «decidir sobre las obras a ejecutar en el interior provincial y que, en carácter de rogatoria, los municipios podrán solicitar las que crean necesarias, siendo el mencionado poder el que decidirá o no sobre lo solicitado”. «Son los municipios los que deben decidir sobre qué obras realizar, sin intervención del Ejecutivo más que el control a través de mecanismos jurídicos», subrayan.
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