El IV Encuentro Nacional del Capítulo Argentina del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (COPAJU), celebrado en Tinogasta, Catamarca, cerró este sábado con una contundente defensa del derecho a la protesta, el rechazo a la baja de la edad de punibilidad y el llamado a ejercer una justicia más humanitaria, con la mirada del Papá Francisco como inspiración. Al igual que en la jornada de apertura, estuvo presente el gobernador de la provincia anfitriona, Raúl Jalil.
Con la participación de magistradas y magistrados, defensoras, diputadas y diputados y referentes de la Iglesia Católica, el encuentro propuso debatir y reflexionar sobre temas urgentes y centrales de la realidad argentina.
«El derecho a la protesta y a la huelga, que sería la expresión de esa protesta por parte de la clase trabajadora, son instrumentos esenciales para la protección y la ampliación de los derechos”, afirmó Roberto Carlos Pompa, juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y vicecoordinador de la Comisión Directiva del Capítulo Argentina de COPAJU. El magistrado sostuvo que la protesta y la huelga “son una expresión de la democracia y del progreso de los pueblos” y se preguntó qué hubiese pasado si en 1810, en la Semana de Mayo, hubiesen estado la ministra de Justicia, Patricia Bullrich, y su protocolo antipiquetes. Pompa –quien participó de forma virtual– indicó que, en lugar de estimular una normativa represiva, los Estados deben promover un entorno propicio y seguro para la protesta y la huelga. “Como dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cada vez que se confronte un derecho del capital con un derecho social, debe prevalecer el derecho social, porque en él está en juego la dignidad de las personas y la justicia social», concluyó el camarista.
Pompa indicó que, en lugar de estimular una normativa represiva, los Estados deben promover un entorno seguro para la protesta.
«Como dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cada vez que se confronte un derecho del capital con un derecho social, debe prevalecer el derecho social, porque en él está en juego la dignidad de las personas y la justicia social», remarcó el camarista.
Por su parte, la jueza tucumana Ana Carolina Cano se preguntó qué se le pide a la Justicia. «La sociedad pretende una Justicia cercana y la mayoría de las veces no estamos tan cerca. Nos piden transparencia, que mostremos lo que hacemos. Y nos piden humanidad, una consideración de los sujetos vulnerables, de los contextos y de las situaciones de vulnerabilidad».
A su turno, el padre Carlos Alberto Accaputo (responsable de la Pastoral Social de la Arquidiócesis de Buenos Aires) señaló: «La soberanía fundamental de un pueblo está dada por su soberanía cultural y, por eso, hoy lo que se está cuestionando es la cultura, cambiar los valores que la sostienen, porque así se debilita la conciencia de un pueblo».
En ese punto, sostuvo: «Hay que repensar todo, sí, pero una cosa es repensar y otra es hacer responsables a los pobres de su pobreza. Los pobres son víctimas, no son victimarios». El padre también advirtió sobre “el vaciamiento del Estado” y recordó que «el Estado no es un mero administrador de la economía de un país, es mucho más, es el garante y el promotor del bien común».
Además, llamó a recuperar la idea de lo público como aquello que es de todos y alertó sobre la instalación de «un concepto de sociedad darwiniana, de que el futuro es de y para unos pocos, y que los que queden, queden pero como puedan». «No podemos admitir que se privatice la vida de la sociedad y de la comunidad», subrayó.
Por otra parte, en el panel «La protección especial de niñas, niños y adolescentes ante los proyectos de reforma del sistema penal juvenil», César Raúl Jiménez, juez en lo Correccional y de Menores de Posadas, se refirió a «oscuras miradas que evalúan la condición de este colectivo –por los jóvenes– para enfrentar la temática con perspectiva regresiva, represiva y punitivista». A la vez, se refirió a la responsabilidad del Estado y fue contundente: «La sociedad que no apuesta a la prevención acaba interviniendo a través de la represión. La prevención no requiere de una compleja ingeniería estatal, sino de políticas coordinadas y eficaces en materia de educación, fortalecimiento familiar, salud, empleo, vivienda, desarrollo urbano, todo fuertemente entrelazado».
En esa línea, Rodrigo Morabito, juez de la Cámara de Apelaciones de Responsabilidad Penal Juvenil en Catamarca, se preguntó: «¿Es realmente en la Argentina una prioridad bajar la edad de punibilidad? Históricamente, esta idea ha estado asociada a un hecho mediático, pero el Gobierno actual lo trae como una bandera política, castigar más a las niñas y los niños». Morabito señaló que «entre el 2 y el 4 por ciento del delito en general es el delito juvenil, es ínfimo». Y concluyó: «Entonces, ¿es un flagelo? Evidentemente, no».
Al cerrar el panel, Marisa Graham, defensora nacional de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, recordó que hay en el país «8.200.000 chicos viviendo en hogares bajo la línea de pobreza y 3.200.000 bajo la línea de pobreza extrema». En ese contexto, señaló que el proyecto de ley del Ejecutivo para bajar la edad de punibilidad a 13 años «es brutal» y esgrimió que “el 0,45% de los chicos del país tiene algún contacto con el sistema penal juvenil. Quiere decir que el 99,55% no está cometiendo ningún delito».
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