Ayer se realizó en la Capital la marcha del «Malón por el buen vivir comunitario» de las comunidades Diaguitas. Partió desde la Plaza 25 de Mayo y tuvo por objetivo reclamar por legislación que proteja el territorio en contra de la explotación minera. Tomaron distancia de los representantes de las comunidades que se sientan a dialogar con el Gobierno.
Representantes de comunidades diaguitas de Belén, Andalgalá y Santa María, expresaron que marcharon en «malón» hasta la Legislatura en homenaje a sus ancestros para pedir legislaciones que los protejan en sus derechos.
La cacique de la comunidad indígena de Laguna Blanca, Mabel Gutiérrez ofició de vocera del grupo:
«Estamos aquí para que no se vulneren nuestros derechos, por eso solicitamos legislación. Defendemos un derecho comunitario, defendemos el buen vivir para nosotros, porque sin territorio y sin agua no se viviría. Sabemos bien que las mineras contaminan y no hay futuro», sostuvo. «Queremos defender nuestra tierra», expresó y reclamó por la ausencia de servicios para la zona de la Puna.
Gutiérrez recordó que habían expresado su oposición a la aprobación del RIGI, pero no fueron tenidos en cuenta.
«No nos han tenido en cuenta y queremos que lo hagan, no pueden vulnerar derechos de muchas comunidades», añadió.
«Tenemos el ‘oro caminante’ como lo llamamos, que es la fibra de vicuña. Un poncho está cotizado en 2 o 3 millones y no ganamos en una mina lo que se puede ganar con eso. Lo que nos hace falta es un poco de apoyo desde el Estado. Ellos dicen 'tenemos minas y vamos a garantizar todo', pero no tenemos servicios, por eso reclamamos, exigimos que nos dejen vivir en paz», indicó en declaraciones a la prensa.
Más adelante enfatizó: «Reclamamos y exigimos que nos dejen vivir en paz porque el Estado nunca ha garantizado los derechos, la salud, la educación, caminos y muchas otras cosas. Nunca nos atienden los teléfonos, no nos escuchan y somos autoridades».
En ese sentido, expresó su malestar porque la Secretaría del Interior y Pueblos Originarios que conduce Marcelo Rivero, recibe a otra parcialidad de las comunidades originarias. «No nos escuchan. Molesta porque no toman en cuenta a las autoridades indígenas, pudiendo ser nosotros los que estemos ahí y no estamos, son otras personas que viven en la ciudad, sin saber la problemática que existe en territorio», afirmó.
Tras la presentación de su reclamo a la prensa, el malón del buen vivir comunitario se dirigió hasta la Legislatura provincial. «No le vamos a rogar a nadie, si nos quieren escuchar bienvenido sea. Vamos a seguir luchando, con las marchas, vamos a seguir caminando», expresó Gutiérrez.
De esta manera, la vocera del grupo cerró la posibilidad de que los representantes de las comunidades indígenas puedan trabajar en la minería.
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