En el marco de la investigación que realiza la Justicia de Andalgalá por la posible comisión del delito de contaminación ambiental por parte de la empresa All Service S.R.L., el fiscal de la Segunda Circunscripción Judicial de Andalgalá, Martín Camps, realizó nuevas medidas de prueba, que incluyeron la toma de material para, en base a su posterior análisis, determinar si son o no peligrosos.
El trabajo realizado por la Fiscalía de Andalgalá es en base a la denuncia realizada por la concejala Analía Zamorano (Frente de Todos), en la que se advirtió de una presunta contaminación ambiental vinculada a la planta de residuos de la empresa All Service, ubicada en la localidad de Huachaschi. En la presentación de la edila, también se apunta al intendente de Andalgalá, Eduardo Córdoba, y demás funcionarios que hubieran autorizado por acción o inacción a la empresa a desarrollar la actividad.
Durante la semana se habían realizado dos allanamientos, solicitados por el fiscal y autorizados por el juez de Control de Garantías, Martín Maturano. Uno en el edificio de la Municipalidad de Andalgalá y otro en la planta de la empresa, ubicada sobre la ruta provincial Nº 46. En esa oportunidad se había secuestrado documentación vinculada a la investigación.
En un nuevo procedimiento y con la presencia del fiscal en el lugar, se recolectó material probatorio a los efectos de realizar pericias. Según se informó desde la oficina de prensa del Ministerio Público Fiscal, todo fue resguardado en bolsas y precintos con su debida custodia para que el laboratorio científico determine si el o los elementos son de índole infeccioso tóxico, reactivo o peligrosamente biológico. En los procedimientos trabajó personal policial y de Criminalística y se llevaron a cabo distintos secuestros.
Tal como lo informó El Ancasti, a la par del trabajo del fiscal Camps y del juez Maturano, la Justicia Federal también se encuentra investigando de oficio a All Service S.R.L.
En este sentido, el fiscal federal Santos Reynoso indicó que ya solicitó una serie de medidas de prueba, que incluye allanamientos en la Capital. «Yo tomé conocimiento de esta situación y actué de oficio porque correspondía hacerlo, ya que no hubo denuncia alguna al respecto, dado que se había generado una investigación periodística», había dicho.
«En este marco, se tomaron medidas urgentes que se concretaron entre el martes y el miércoles. En estas medidas se le solicitó al juez federal que procediera al allanamiento y secuestro de toda la documentación y todo medio que resulte de interés para la causa. La pesquisa se hizo en un galpón ubicado en la avenida Acosta Villafañe», añadió en alusión al depósito que se usa ahora para residuos peligrosos. En el allanamiento se secuestraron documentación y registros fílmicos.
Finalmente, había señalado que «ese material que se secuestró va a ser peritado por personal de Gendarmería Nacional o en su defecto de la Policía Federal a los fines de determinar realmente cuál es la situación».
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