El presidente del Concejo Deliberante de Pomán, Walter Centeno, confirmó que se encuentran reuniendo pruebas para evaluar un eventual juicio político contra el intendente Francisco Gordillo. «Estamos trabajando, reuniendo todas las pruebas. Estamos haciendo un trabajo de hace 8 meses", señaló Centeno en declaraciones a Fuego Cruzado de Radio Ancasti, y agregó que cuentan con el asesoramiento del abogado Daniel Ortega desde la Capital, además de contadores que analizan la situación presupuestaria.
El posible avance contra el intendente se sustenta en un enfrentamiento entre el Municipio y el Concejo por medidas de parte del Ejecutivo municipal que no son aceptadas por los ediles. Una de ellas es la cuestión presupuestaria y el uso de fondos. El Concejo rechazó el presupuesto 2026 presentado por el Ejecutivo, que ascendía a 24.772 millones de pesos, muy superior a los 20.644 millones del presupuesto vigente. «Él ocupó más presupuesto en el 2025, pero no seguimos recibiendo las obras que viene mencionando desde el año 2023», explicó Centeno, quien mencionó obras prometidas como cordones cuneta en Pajonal, Colana y Retiro que nunca se concretaron.
Añadió que uno de los puntos más conflictivos fue la solicitud de Gordillo de autorización para compras directas por 316.800.000 pesos, un monto que el Concejo consideró «desproporcionado» y redujo a 3 millones por cada compra individual. «Las compras directas son por cada compra que él realiza, no por mes», aclaró el concejal, quien advirtió que con ese monto «tenía para comprar hasta un camión sin pasar por el Concejo».
Más adelante, mencionó como otro elemento para avanzar contra Gordillo, la situación del Banco Social Municipal. Según Centeno, existe una deuda de 63.865.277 pesos con comercios locales. «Él ha reconocido la deuda. Los empleados municipales ya no pueden sacar en los comercios porque el municipio no ha pagado», indicó, y planteó: «¿Por qué no se le pagó a los comercios si están descontándole rigurosamente a cada empleado?».
El presidente del Concejo denunció lo que calificó como «malversación de fondos», explicando que el intendente «descuenta a los empleados para que le alcance la coparticipación». Además, cuestionó la planta municipal en un pueblo de 8.000 habitantes: «Estamos hablando de 825 empleados permanentes y 8 no permanentes. Más del 10% ya son empleados municipales», señaló, advirtiendo que para 2026 se pretendía aumentar a 886.
El conflicto también alcanzó al propio Concejo Deliberante, que por primera vez aprobó su presupuesto propio de 638.800.000 pesos. «No contamos con aire acondicionado, ni elementos de limpieza. Todo el presupuesto que vendría a ser del Concejo es manejado por el municipio», explicó Centeno.
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