Valeria Graciana Páez lideraba una red que simulaba empresas de servicios mineros. Hay al menos 32 denuncias de víctimas que renunciaron a sus empleos tras falsas promesas de contratación.
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Una investigación por estafas de gran escala en el sector minero culminó este miércoles con la detención de una mujer oriunda de Catamarca y su pareja en la ciudad de Salta. La principal sospechosa, identificada como Valeria Graciana Páez, está acusada de encabezar un esquema delictivo que utilizaba nombres de empresas fantasma para engañar a profesionales y operarios.
El «Modus Operandi»: Empresas fantasma y títulos falsos
Bajo la dirección de la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio (UDEC), se determinó que Páez se hacía pasar por ingeniera —título que no pudo acreditar— para ganar la confianza de sus víctimas. Para dar una apariencia de legalidad a la maniobra, la mujer operaba a través de tres firmas sin registro formal ni publicación en el Boletín Oficial:
Rimay Group SRL (contaba con sitio web y fuerte presencia en redes sociales)
A través de estas estructuras, se contactaba a ingenieros, topógrafos y obreros, prometiéndoles puestos de alta remuneración en proyectos mineros. Sin embargo, antes del ingreso, se les exigía dinero para supuestos gastos administrativos, trámites y estudios preocupacionales.
Un daño que trasciende lo económico
La gravedad del caso no solo radica en el dinero transferido a cuentas de terceros para evitar la trazabilidad, sino en el impacto social. Según el Ministerio Público Fiscal, muchos de los damnificados renunciaron a sus trabajos previos ante la expectativa de incorporarse a la industria minera, quedando ahora desempleados y estafados.
«La investigación se inició con una denuncia el 27 de febrero y en pocos días se sumaron otras 31 presentaciones, lo que demuestra la magnitud del engaño», señalaron fuentes judiciales.
Operativos y medidas judiciales
Durante los allanamientos en dos domicilios de Salta, el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) secuestró documentación clave y elementos de interés. Como medida inmediata, la fiscalía solicitó la inmovilización de ocho cuentas bancarias vinculadas al grupo.
Las autoridades sospechan que Páez habría replicado estas maniobras en otras jurisdicciones del país, por lo que no se descarta que aparezcan nuevas víctimas en Catamarca y otras provincias del NOA.
