La crisis financiera y laboral en el municipio de Belén alcanzó un nuevo pico de tensión. Tras agotar las instancias de diálogo y luego de un prolongado corte de ruta, un grupo de empleados municipales autoconvocados decidió ocupar el edificio comunal desde la medianoche de este lunes. La medida busca presionar por una recomposición salarial que el Ejecutivo local, hasta el momento, asegura no poder afrontar.
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El conflicto se traslada al corazón administrativo
Lo que comenzó como una serie de protestas aisladas la semana pasada ha escalado a una acción directa de ocupación. Los trabajadores, que se movilizan por fuera de la estructura gremial de ATE, tomaron el Palacio Municipal tras considerar insuficientes las gestiones realizadas por el intendente Cristian Yapura.
«No hay respuestas concretas, solo promesas de gestiones que terminan en nada», expresaron voceros del grupo de autoconvocados.
Antecedentes: 24 horas de corte de ruta
La toma no es un hecho aislado, sino el resultado de un malestar acumulado. Entre el jueves y el viernes de la semana pasada, los empleados mantuvieron un corte de ruta total por más de un día. A pesar de la visibilidad que otorgó la medida, el fin de semana no trajo las soluciones esperadas, lo que derivó en la radicalización de la protesta este lunes.
Los trabajadores han sido específicos en sus demandas económicas, las cuales consideran esenciales para alcanzar la canasta básica:
Categoría 10: Solicitan fijar el haber en $800.000.
Becas municipales: Solicitan un incremento que las sitúe en $400.000.
La respuesta oficial: «No hay recursos»
El intendente Yapura mantuvo reuniones con funcionarios del Gobierno provincial con el fin de destrabar el conflicto. Sin embargo, el resultado de dichas gestiones fue negativo. Según comunicó el propio jefe comunal a los empleados:
El municipio no cuenta con fondos propios para otorgar incrementos.
Las gestiones ante Provincia no arrojaron el auxilio financiero necesario.
La postura oficial se mantiene en la imposibilidad técnica de dar respuesta al pedido de los $800.000.
Esta negativa fue el detonante final para que los empleados decidieran ingresar y permanecer en el edificio municipal, paralizando las actividades administrativas por tiempo indeterminado.
