El Gobierno provincial cerró las instancias de consulta pública para la reapertura del yacimiento. La empresa deberá presentar una versión actualizada del proyecto que incorpore las observaciones técnicas y comunitarias recolectadas en Santa María, Belén y Andalgalá.
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El Ministerio de Minería de la provincia, junto al equipo evaluatorio interinstitucional, dio por finalizada la etapa de Participación Ciudadana y Audiencia Pública correspondiente a la novena actualización del Informe de Impacto Ambiental (IIA) para la reapertura del proyecto Bajo La Alumbrera.
La decisión de la autoridad minera marca un hito en el proceso administrativo: como resultado directo del intercambio con la sociedad, se ha solicitado a la empresa operadora la presentación de una nueva versión de su informe, la cual deberá integrar obligatoriamente las correcciones y preocupaciones planteadas por los diversos actores involucrados.
Un proceso marcado por la movilización comunitaria
Durante los meses de marzo y abril, la provincia desplegó un esquema de consulta que alcanzó a cerca de mil personas en las áreas de influencia directa del emprendimiento. La agenda incluyó:
Charlas técnicas: Realizadas en Santa María, Belén y Andalgalá para desglosar los aspectos complejos del proyecto.
Audiencias públicas: Instancias de participación formal llevadas a cabo en Hualfín (Belén) y Andalgalá.
Este despliegue permitió canalizar las voces de vecinos, asambleas ciudadanas, instituciones y técnicos municipales, garantizando el acceso a la información ambiental bajo principios de transparencia y control social.
Los puntos críticos bajo la lupa
La evaluación integral no solo se limitó a lo ambiental, sino que abarcó dimensiones socioeconómicas y laborales. Entre los ejes prioritarios que la empresa deberá profundizar en su nueva presentación se destacan:
Gestión del recurso hídrico: El uso del agua sigue siendo la principal preocupación de las comunidades.
Planes de cierre progresivo: Detalles sobre cómo se restaurará el área tras la actividad.
Monitoreo participativo: La demanda de que la comunidad sea parte activa de los controles ambientales.
Desarrollo local: Exigencias sobre la generación de empleo genuino y el fortalecimiento de la cadena de proveedores locales.
«La empresa deberá incorporar todas las observaciones surgidas tanto del equipo técnico municipal como de las instancias participativas desarrolladas durante el proceso», afirmó la ministra de Minería, Teresita Regalado, subrayando que el cumplimiento de estas exigencias es condición sine qua non para continuar con la evaluación.
Articulación institucional y futuro del proyecto
El proceso contó con una red de actores sin precedentes, involucrando a los ministerios de Gobierno, Seguridad y Justicia, y de Trabajo y Planificación, además de intendentes y concejos deliberantes de la región. Esta mirada multisectorial busca asegurar que la posible reapertura del yacimiento —prevista para un ciclo de cinco años enfocados en la producción de cobre y oro— sea sostenible.
¿Qué sigue ahora?
La compañía cuenta con un plazo legal determinado para entregar la documentación actualizada. Solo una vez que el nuevo informe sea presentado y revisado por los técnicos del Ministerio, podrá avanzar el trámite administrativo que defina la viabilidad definitiva del proyecto.
Con esta medida, el Estado provincial reafirma que la licencia social y el rigor técnico son los pilares que definirán el futuro de la actividad minera en la región, posicionando la voz de la ciudadanía como un elemento vinculante en el modelo de desarrollo productivo.
