Con el objetivo de endurecer las condiciones para retener pedimentos, el Ejecutivo impulsa cambios en el Código de Procedimientos Mineros. La medida busca incentivar a las PyMEs y afectará tanto a privados como a la empresa estatal CAMYEN.
{nextPage}
El Gobierno provincial avanza en una nueva reforma del Código de Procedimientos Mineros, una movida estratégica que busca terminar con la «especulación de escritorio» y garantizar que cada derecho minero concedido esté respaldado por una capacidad real de inversión y ejecución. La iniciativa no solo apunta al sector privado, sino que pone la lupa sobre la estatal CAMYEN, que actualmente posee centenares de pedimentos bajo su órbita.
El fin de la especulación
La reforma pretende establecer condiciones más rigurosas para la retención de derechos. El objetivo es claro: reducir el margen de maniobra de quienes solicitan áreas mineras con fines meramente especulativos, esperando revender derechos sin realizar inversiones en el terreno.
Al elevar la vara de las exigencias, el Gobierno busca que el padrón minero refleje actividad genuina. Esta medida se inspira en modelos regionales exitosos, como el de Chile, donde las pequeñas y medianas empresas mineras representan un motor económico vital, exportando cerca de 6.000 millones de dólares anuales. Catamarca aspira a replicar ese dinamismo, ordenando el acceso a los derechos para que sean verdaderamente competitivos.
El camino recorrido: de lo judicial a lo administrativo
Esta nueva modificación profundiza el camino iniciado con la Ley 5682 de 2020, que marcó el quiebre institucional más fuerte en el régimen minero local desde 1967. Aquella reforma transformó al Ministerio de Minería en la autoridad decisora, desplazando la competencia de concesiones y caducidades de la órbita del Juzgado de Minas hacia una instancia administrativa más ágil.
Desde entonces, el Juzgado Electoral y de Minas quedó relegado a una función de control y revisión, mientras que la Gestión Ambiental Minera se consolidó como el eje central de cualquier aprobación, bajo el amparo de la Ley Nacional de Protección Ambiental (24.585).
Un respaldo con "lupa" desde la oposición
Si bien el anuncio fue recibido con interés, la oposición ya ha marcado su terreno. El diputado Mamerto Acuña (UCR) manifestó su apoyo a la modernización, pero lanzó una advertencia: «No puede ser un trámite formal ni una validación de decisiones ya tomadas». Para el legislador, la transparencia y la participación real son los únicos pilares que pueden sostener la licencia social en las comunidades.
En sintonía, desde principios de año el diputado Tiago Puente ha insistido con la creación de un régimen provincial de transparencia y control social, sugiriendo que cualquier reforma al código debe ir acompañada de mecanismos que permitan a la ciudadanía auditar el destino de los recursos y el cumplimiento de las normativas por parte de las empresas.
Puntos clave de la reforma:
Exigencia de inversión: Condiciones más estrictas para mantener la titularidad de los pedimentos.
Fomento a PyMEs: Facilitar el acceso a derechos mineros para inversores medianos y pequeños.
Control sobre CAMYEN: La empresa estatal deberá ajustarse a los nuevos estándares de ejecución para retener sus áreas.
Continuidad administrativa: Se ratifica el rol del Ministerio de Minería como autoridad concedente frente al Poder Judicial.
