En una extensa audiencia celebrada en el Juzgado de Control de Garantías de Andalgalá, el magistrado Martín Maturano resolvió hacer lugar al planteo de la Fiscalía y confirmó la detención de Juan Pablo «Porteño» Velázquez (37), acusado por supuestas amenazas y coacción contra el fiscal de Instrucción Martín Camps.
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Sin embargo, la resolución judicial solicitó respuestas ante las graves denuncias expuestas por la defensa sobre presunto apremio policial y hostigamiento. El magistrado intimó y exhortó al fiscal subrogante, Alejandro Scidá, a inspeccionar de manera personal la comisaría y abrir una investigación sobre el accionar de los uniformados intervinientes.
En diálogo con El Esquiú.com, el abogado defensor, Alejandro Gordillo, planteó que había solicitado en la misma audiencia un control jurisdiccional para exigir el cese de la detención y la inmediata libertad del imputado, argumentando que ninguno de los tres hechos atribuidos posee sustento fáctico o probatorio.
Según explicó el letrado tras el debate, el juez fundamentó el mantenimiento de la detención en que aún no se encontraban formalmente agregadas a la causa las pruebas de descargo ofrecidas por la defensa técnica, cuyo ingreso debe efectivizarse a través de la sede fiscal.
Hoy, la causa ingresa nuevamente en el despacho de Scidá. La defensa aportará de manera formal el registro en video del allanamiento y la testimonial del abogado Claudio Rodríguez —testigo directo de la reunión con Camps— para insistir de inmediato con el pedido de libertad.
Desde la defensa remarcan que el video demuestra la violencia ejercida por los efectivos durante el arresto, donde Velázquez era sujetado por el cuello hasta quedar imposibilitado de hablar, lo que desmentiría el acta policial que le adjudica haber emitido amenazas contra el fiscal y la policía en ese mismo instante.
Es necesario resaltar que, casi como un hecho paradójico, uno de los momentos de mayor tensión durante la audiencia se desencadenó cuando la defensa expuso ante el juez que la integridad psicofísica de Velázquez se encuentra en riesgo dentro de la dependencia policial, dado que su custodia está a cargo de los mismos efectivos a los que denunció por violencia institucional y falsedad testifical.
El oficial de apellido Heredia, quien participó del allanamiento denunciado y declaró en contra de Velázquez con un texto que la defensa califica de idéntico y prefabricado junto a los uniformados Nieva Chayle y Oyola, fue asignado para custodiar personalmente al imputado en la propia sede judicial durante el desarrollo del debate.
De acuerdo con la presentación técnica, Nieva Chayle fue quien redujo violentamente a Velázquez, ahorcándolo en el piso frente a un menor de 3 años, maniobra que fue respaldada formalmente por los testimonios de Oyola y Heredia.
Ante la advertencia de que los mismos numerarios señalados por agresiones físicas son quienes tienen a su cargo el cuidado del detenido en la seccional, el juez Maturano tomó cartas en el asunto.
Frente a la gravedad de los hechos ventilados en la sala de audiencias, el juez de Garantías resolvió exhortar al fiscal subrogante Alejandro Scidá a investigar a fondo las denuncias presentadas por la defensa técnica en torno a la actuación policial durante el allanamiento y arresto.
También ordenó que el representante del Ministerio Público Fiscal se presente personalmente en la dependencia policial para constatar y verificar de forma directa las condiciones reales de detención, seguridad y trato que recibe Velázquez en su lugar de alojamiento.
Con el plazo para sumar la prueba audiovisual y formalizar las declaraciones pendientes, la causa continúa bajo un marco de desigualdad ante la Justicia, teniendo en cuenta que en este caso la supuesta víctima es un miembro de Poder Judicial, que tiene a su disposición la fuerza policial. Es por ello que desde la defensa se hace especial énfasis en los planteos de nulidad y que se comience cuanto antes la investigación paralela que ahora deberá seguir el fiscal subrogante respecto al proceder de la propia policía local.Elesquiu
