El bloque de la Renovación Peronista de Saujil desató la polémica luego de que el Concejo Deliberante aprobara al municipio la utilización de un préstamo de casi 2,5 millones de pesos para la compra de un camión recolector de basura. El concejal Walter Quinteros denunció que hubo una serie de irregularidades en el proceso y pidió la renuncia del secretario Administrativo del cuerpo, Rodolfo Aranda.
Para el presidente del CD, Ricardo Chayle (FCS-Cambiemos), la Renovación "no sabe hacer una oposición seria".
En una entrevista radial, Quinteros relató que el bloque de la Renovación se reunió con personal del Ministerio de Hacienda para pedir información respecto de la ordenanza que utilizó el municipio para comprar el camión.
"Allí vimos que no asentaron nuestras objeciones, no se respetó nuestro pedido de no avanzar sobre la compra de este camión. Y además, en el anexo de la ordenanza lleva la firma solo del secretario administrativo del CD, y no del presidente. Parece que esto se hizo a gusto y antojo del municipio", dijo Quinteros. En tal sentido, consideró que la maniobra se constituye como un fraude a la administración municipal, y lamentó que no se respetaran todas las opiniones escuchadas en el debate. "Queremos que el secretario Aranda sea removido del cargo", dijo.
Según explicó, el proyecto se aprobó gracias a un acuerdo entre el intendente, Lucas Carrazana (FJV), y los concejales del FCS-Cambiemos, para poder utilizar $2.482.071,73 para la adquisición del camión recolector, la instalación de una planta de tratamiento, y la adquisición de cámaras de seguridad. Según informó más tarde el municipio, el secretario de Finanzas, Randolfo Carrión, viajó esta semana a Salta para retirar el vehículo, modelo Ford Cargo 1723, cabina simple y con capacidad para cargar 11 toneladas, adquirido a la firma Lombardi Camiones, luego del proceso de licitación. Además, informaron que la unidad fue trasladada a Córdoba para la colocación del equipamiento
destinado a la recolección y compactación de residuos.
La autorización para la compra de este vehículo fue resuelta en una sesión especial en enero de este año, y aprobada por una ajusta mayoría. Para Quinteros, la ordenanza debía ser sancionada con al menos dos tercios de los votos, puesto que se trata de un endeudamiento. Para el FCS, "no hay forma de que a la Renovación le guste algo, porque se oponen a todo". El Ancasti
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