Los costos de “huir a hurtadillas” de las decisiones

Como un boxeador groggy, la Universidad Nacional de Tucumán trata de entender qué ha pasado esta semana, cuando el tren minero la arrolló sin tocarle bocina y sin dejarle demasiadas opciones. “Alea jacta est”. Con la doctrina cesarista de que la suerte está echada actuaron Luis de Miguel, presidente del directorio de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD), Ángel Mercado y Justo Barros, delegados por Catamarca, y aprobaron las ofertas de empresas mineras para poner la infraestructura de YMAD al servicio de la explotación de Agua Rica en Andalgalá en 2025.

Los delegados de la UNT, Alfredo Grau y Domingo Marchese, no estuvieron en la reunión de directorio del 3 de octubre, y ahora deben comparecer ante el Consejo Superior, cuando lo convoquen el rector, José García, y el vicerrector, Sergio Pagani. Se supone que esto ocurrirá la semana próxima. Pero los hechos ya están consumados: ha de arder la furia en el Consejo Superior, que recuerda lo que pasó con el acta de YMAD del 2 de enero de 2008, cuando el ex rector Juan Cerisola hizo aprobar con sus delegados, Rodolfo Campero y Mario Marigliano, el cambio de destino y el uso discrecional de las regalías mineras que le correspondían a la UNT.

El año bisagra

¿Qué ha pasado esta vez? La respuesta es sencilla y enmarañada a la vez. Se sabe que la Minera Alumbrera está en proceso de cierre y que hay una propuesta para que se desarrolle el nuevo emprendimiento minero Agua Rica en Andalgalá, distante 34 kilómetros de Alumbrera. También se sabe que YMAD (empresa formada por la UNT, Catamarca y la Nación; y dueña de los derechos de explotación de Bajo la Alumbrera), es deficitaria desde que se diluyeron en 2014 los años de pujanza del oro.

Ese año ha sido una bisagra. Desde 2006 habían estado llegando los dividendos de las regalías y se habían hecho obras -muchas de las cuales engrosan ahora el cuerpo del juicio oral que debe llevarse a cabo, por presuntas irregularidades con ese dinero, contra Cerisola y tres de sus ex funcionarios. Fue en 2014 cuando el ex delegado Florencio Aceñolaza advirtió que la UNT había perdido $ 500 millones por los cambios que generó el acta de 2008. También fue en 2014, tiempo de la ex decana Alicia Bardón, cuando se acordó una propuesta que preparaba a YMAD para nuevas propuestas mineras, Agua Rica y Bajo el Durazno.

Desde ese año la UNT cobró plena conciencia de que la relación con la minería era una fuente de problemas. El Consejo Superior anuló luego el acta de 2008, pero en los hechos no se han logrado cambios. El tren de YMAD ha seguido su derrotero, independientemente de los escándalos generados, por un lado, con el juicio a Cerisola y compañía, y por otro, con la denuncia por la venta de lingotes de oro en el corazón de la empresa entre 2012 y 2016. Hace poco, la Cámara Nacional de Apelaciones confirmó procesamientos a ex funcionarios de la época “K” denunciados por la Oficina Anticorrupción y dictó el sobreseimiento del ex presidente histórico de YMAD, Manuel Benítez. Este fallo tuvo trascendencia porque se mencionó entre las empresas que presuntamente lavaban dinero con estas supuestas maniobras a una que operaban dos hijos de Lázaro Báez.

El actual 2019 tuvo a mal traer al rector García y su equipo con las novedades de YMAD. En marzo se reunieron con el presidente Mauricio Macri las mineras Yamana, Glencore y Goldcorp (que se fusionaría en abril con Newmont) para presentarle el proyecto de Agua Rica. En ese momento se dijo que se usaría la infraestructura de YMAD. La UNT no lo sabía. En abril asumió el nuevo presidente, de YMAD, De Miguel (nombrado por Macri) y a lo largo del año se hicieron las negociaciones para el acuerdo, por el cual habrá cinco años sin producción hasta que se construyan las instalaciones de Agua Rica. Acaso lo que salía de esas negociaciones formó parte de las reuniones informales que tuvo el rector con los decanos.

Lo concreto es que en el acta del 3 de octubre de YMAD, De Miguel dice que las ofertas tienen sustanciales mejoras con respecto al memorando de entendimiento del 24 de abril; y que además cuentan con opinión favorable del Ministerio de Producción nacional. Las mejoras, dice, se refieren al derecho de reversión de la infraestructura de YMAD; al arrendamiento por U$S 5 millones; al reconocimiento a YMAD para procesar 5.000 toneladas diarias de material; al cobro por parte de YMAD del 25% sobre el importe atribuido al uso de la infraestructura. También, dice, se regula sobre indemnidad para YMAD. Y habla de responsabilidad ambiental “definida con precisión” y de “introducción de estrictas cláusulas de transparencia y anticorrupción”. De Miguel advierte que la oferta “es la mejor de las alternativas con que se cuenta” y que los gastos y el desarrollo de labores mineras requieren de ingresos con los cuales la empresa no cuenta,” lo cual obliga a repensar la compañía”.

Por su parte, los directores por Catamarca, Mercado (es esposo de la gobernadora Lucía Corpacci) y Barros, resaltan que “lo perfecto es enemigo de lo bueno” y que YMAD “está en el peldaño anterior a la nada”. Afirman que su responsabilidad es “generar y aprovechar nuevos caminos de negocios”, “pero no arrogarse competencias reguladoras propias del Estado provincial, en particular sobre permisos ambientales, materia en la cual las empresas están sujetas al control regular y no son beneficiarias de excepción alguna”.

Los catamarqueños dicen que la oferta es producto de la disposición de todos a realizar las tratativas, contexto que “no es comprendido por quienes siempre prefirieron huir a hurtadillas del campo de las decisiones”.

Señalan que los dictámenes de las gerencias señalan que no hay objeción y que no concretar la oferta “pone en situación de extinción a nuestra empresa”. Destacan que han trascurrido siete meses desde la presentación oficial del memorando de entendimiento y que “nadie en este directorio podrá decir que no sabe de lo que se trata”. Por si acaso no está claro, Mercado dice que “también los directores de la UNT han hecho saber por vías formales su acuerdo para dar conformidad al final de estas negociaciones, habiendo expuesto los beneficios del mismo, considerando la propuesta conveniente a los intereses de YMAD y la UNT”.

Ahora bien, Grau y Marchese, los directores de la UNT, le dijeron al rector García el 4 de octubre que “ante la imposibilidad de contar en tiempo y forma con el mandato necesario para emitir una opinión sobre los puntos del orden del día de la reunión” del 3, habían pedido autorización a García para no participar de la reunión de directorio. Dicen que esperan que en plazo breve puedan llevar las decisiones de las autoridades de la UNT con sugerencias como adenda de cambios en los contratos. ¿Les aceptarán en YMAD las sugerencias? En el acta del 3, De Miguel dice que el directorio “ha aprobado la aceptación irrevocable de la oferta”.

Yendo por detrás de los hechos

¿Qué va a debatir el Consejo Superior, cuando sesione? En principio, el informe de Augusto González Navarro, director de Asuntos Jurídicos, que dice que los textos de ofertas que elevaron Grau y Marchese para analizar “no difieren de los vistos el 3 de julio y el 21 de septiembre” respecto de los cuales se hicieron propuestas de cambios sobre infraestructura, cláusulas unilaterales, reversión y cumplimiento de estándares ambientales. Particularmente, pide que se tome como parámetros “en tanto resultaran compatibles” las conclusiones del estudio ambiental producido por la UNT en 2008 a pedido de la Municipalidad de Andalgalá sobre Agua Rica. Al respecto, el pedido de vecinos de Andalgalá en la reunión del Consejo Superior del martes pasado fue impactante: ellos entregaron un petitorio en el que advierten que habrá contaminación ambiental grave, de acuerdo, dicen, con el mismo estudio de 2008 de la UNT. También la Asamblea El Algarrobo, de comunidades aborígenes, ha protestado por los riesgos de contaminación futura planteados en ese informe.

En segundo lugar, acaso se deba debatir la responsabilidad de Grau y de Marchese por no presentarse en la reunión de YMAD (ellos dicen que con permiso telefónico del rector); y en segundo lugar, por no informar a lo largo de los siete meses, acabadamente, del memorando de entendimiento para el nuevo proyecto. ¿Derivará esto en conflictos como los generados entre 2008 y 2014 por las acciones de Cerisola? Todo es confuso, incluso si el contrato por Agua Rica llegara a ser positivo, siempre y cuando se pueda aguantar los cinco años en que no habrá producción minera y en los cuales YMAD seguirá arrastrando déficit. Opinión - Roberto Delgado LA GACETA