Preocupan los casos reiterados de violencia institucional


La delegación del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) y la Delegación de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación, expresan su preocupación ante las denuncias de violencia institucional realizadas en ambas delegaciones en el lapso de una semana, por parte de la familia Morales sobre hechos ocurridos en Antofagasta de la Sierra y Mireya Moya, sobre hechos ocurridos en la localidad de Quirós, Departamento La Paz.

Es imprescindible recordar que la seguridad ciudadana desde un enfoque de derechos humanos, es una condición donde las personas viven libres de la violencia practicada por actores estatales o no estatales. En los regímenes democráticos las fuerzas policiales tienen un papel central en las garantías y en la contribución a un adecuado funcionamiento de la administración de justicia.

El caso Moya

Mireya Moya fue víctima de un desalojo violento llevado adelante por agentes policiales de la provincia, conforme a la orden judicial emanada de la Sexta Circunscripción Judicial del departamento La Paz.

Los hechos se produjeron en la localidad de Quirós, el día 30 de octubre, cuando la mujer se encontraba en el interior de la vivienda junto a sus dos hijos menores de edad (uno de 2 años, otro de 8 meses), quienes presenciaron la violenta situación en donde 11 efectivos, algunos del grupo especial de Infantería, ingresaron pateando la puerta, arrebatándole sus niños y reduciéndola mediante golpes y vejaciones violatorias de sus derechos humanos, llevadas adelante por personal masculino, trasgrediendo lo establecido para este tipo de procedimientos.

Otra de las graves irregularidades fue, que tanto la Oficial de Justicia, como los dos testigos no presenciaron los hechos ocurridos dentro de la vivienda, ya que, según los dichos de la propia Oficial a la víctima: “no entró porque no le gusta la violencia”. Por este motivo, se encontraban afuera de la casa, cuando el personal policial sacó a Moya de la vivienda, esposada a su ropa interior (bombacha), mientras los policías se burlaban y se reían humillándola. Recién en ese momento le mostraron la orden judicial correspondiente al acto que se estaba llevando a cabo.

Mireya Moya fue desalojada de una propiedad que asegura es suya, aunque sostiene que durante la instrucción de la causa no le permitieron aún presentar las pruebas que la acreditarían como legítima propietaria del lugar. Días antes del desalojo Mireya presentó a través de su abogado un recurso de casación ante la Corte de Justicia de Catamarca.

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