El Concejo Deliberante de Andalgalá inició una movida política que tiene por objetivo voltear el decreto acuerdo 672/2020, rubricado por el gobernador Raúl Jalil y sus ministros a finales de abril, mediante el cual se derogó la Ley 5128 sobre regalías mineras. El motivo es que, mediante ese instrumento, la Provincia concentrará en más el uso de los fondos mineros, en contraste con la normativa derogada que establecía la distribución de los recursos mediante coeficientes establecidos.
En este marco, los ediles amenazaron con ir a la Justicia para cuestionar el decreto que, según su interpretación, vulnera derechos adquiridos del municipio sobre el uso de los recursos de esta actividad productiva.
Específicamente, los ediles avanzarán con un proyecto de comunicación dirigido al gobernador Jalil, manifestando que el Ejecutivo provincial “se arroga facultades legislativas usurpando el poder de legislar que la Constitución no le otorga (...)”.
En otro punto, sostienen que la afectación a la autonomía municipal es manifiesta, ya que en lugar de que cada comuna maneje los fondos mineros en los proyectos que considere, en el futuro deberán presentar propuestas de inversión a financiarse con un porcentaje que fije el gobierno provincial para este fin en cada ejercicio presupuestario.
Los concejales remarcaron que la ley derogada constituía una “reparación histórica de los derechos vulnerados por la Capital y la Gobernación Provincial sobre los municipios del interior en materia minera”.
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