El derrotero del Informe de Impacto Ambiental de Agua Rica (Andalgalá) se inició en 2008, cuando la empresa operaria del proyecto minero, Yamana Gold, presentó el primer informe ante la Secretaría de Estado de Minería.
En esa oportunidad fue aprobado por un reducido Consejo Consultivo, cuestionado posteriormente por la Justicia y finalmente dado de baja por el organismo minero. Doce años después, se puso en marcha un mecanismo de consulta pública inédito en el país, tanto presencial como virtual, del que participaron más de mil personas entre organismos estatales, asociaciones civiles, colegios profesionales, comunidad en general, entre otros, todo certificado por escribano público.
El primer informe
En 2008, Yamana Gold presentó ante la Secretaría de Estado de Minería el Informe de Impacto Ambiental (IIA) para la etapa de producción o explotación, el que es aprobado por la autoridad de aplicación con varias recomendaciones técnicas.
En esa oportunidad y para tal trámite, el organismo minero convocó al Consejo Consultivo Minero Público Provincial integrado por 22 miembros entre quienes se encontraban el Director Provincial de Minería José Luis Molina; Alfredo Marchioli como representante de la AEMCA; Rinaldo Herrera por la UNCa; Mario Scaltritti y Jesús Albarracín por el Poder Legislativo; Octavio Gutiérrez por el municipio de Aconquija; Alejandro Páez y Jorge Boggio como concejales de Andalgalá; representantes de la municipalidad de Andalgalá y de la Cámara de Proveedores, entre otros. El 27 de noviembre de 2008, el Consejo se reúne para evaluar el IIA y aconseja al secretario de Minería aprobarlo.
La consulta se circunscribe a este cuerpo y con ese aval, el organismo minero aprueba el Informe (resolución SEM 035/09) que posteriormente fue cuestionado ante la Justicia. El juez de Andalgalá hace lugar y ordena suspender las actividades en Agua Rica.
Cuatro años después, en 2012, el nuevo secretario de Minería, Rodolfo Micone, emite una resolución (SEM 390/12) por la cual se revoca el Informe de Impacto Ambiental y se archiva el expediente. Ese mismo año la empresa Agua Rica presenta un Informe de Impacto Ambiental pero para una campaña de perforación (no de producción), con lo cual se inicia una nueva etapa. Esta fue autorizada y la empresa desarrolló los trabajos.
Durante siete años la empresa solamente realizó trabajos de monitoreo ambiental para generar la línea de base ambiental. En noviembre de 2019, Agua Rica presenta un nuevo IIA esta vez para la “Etapa exploración avanzada, programa de perforación 2020”.
Consulta 2020
A partir de la presentación del nuevo IIA, el ministerio de Minería puso en marcha un nuevo mecanismo de consulta pública, en el marco del Programa de Participación Ciudadana (ley Nª 24.585, de Protección Ambiental para la Actividad Minera), adaptado a la emergencia sanitaria decretada en el país y la provincia.
Así, el informe fue sometido a la evaluación técnica, (decreto 1318/97), opiniones y permisos de los organismos estatales competentes: Dirección Provincial de Antropología (Ministerio de Turismo y Cultura); direcciones provinciales de Biodiversidad, de Bosques Nativos, de Gestión Ambiental y de Hidrología y Evaluación de los Recursos Hídricos del Ministerio de Agua y Energía; Instituto de Monitoreo y Control de la Degradación Geoambiental, reconocido por la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas. Una vez cumplida la evaluación técnica, se llamó a consulta pública (resolución SEM 330/16). La Dirección Provincial de Gestión Ambiental Minera emitió la disposición 09/2020, publicada en el Boletín Oficial el 22 de mayo, que le dio marco a la convocatoria.
Se fijaron tres mecanismos:
§ Consulta presencial del expte. “Agua Rica: Programa de perforaciones 2020 | Etapa de exploración avanzada (Andalgalá, Yamana Gold)”, en la oficina central del ministerio; en el Centro de Control Minero Ambiental de Andalgalá y en las instalaciones de CAMYEN en Capillitas.
§ Teleconferencia a través de la plataforma ZOOM: esta modalidad virtual primero se llevó a cabo con instituciones del medio, representantes gubernamentales, colegios profesionales, sindicatos, cámaras empresarias y de proveedores; y posteriormente con el público en general en dos jornadas que se extendieron por alrededor de 3 horas y participaron unas de 500 personas.
§ Presencial: en Capillitas, en las oficinas de CAMYEN, donde participaron 50 personas siguiendo el protocolo de bioseguridad ante la emergencia sanitaria.
Las tres modalidades fueron certificadas por escribano público y volcadas en actas notariales que se incorporaron al expediente, lo que implicó un proceso inédito en el país.
Para el futuro
Cabe aclarar que este IIA abarca solamente a la etapa de exploración avanzada, por lo cual para avanzar en una próxima fase (de producción y desarrollo), la empresa operaria deberá presentar un nuevo Informe de Impacto Ambiental que será sometido nuevamente al proceso de evaluación y consulta pública.cwn
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