El concejal de Belén, Guillermo Valdéz Franco (FT), quien denunció al fiscal de la Tercera Circunscripción Judicial, Jorge Flores, por tráfico de influencias, ahora motoriza una iniciativa para juntar firmas de los vecinos y pedirle a la Corte de Justicia que el funcionario judicial sea removido de su cargo.
"A partir del lunes vamos a pedirle a la gente que nos acompañe en este pedido a la Justicia para que Flores no vuelva a ser fiscal en Belén. Queremos que la Justicia actúe rápidamente porque no podemos permitir que esta persona siga ejerciendo poder", dijo Valdéz Franco en diálogo con El Ancasti.
Según indicó el concejal, Flores está transitando una segunda licencia que concluirá el próximo martes 10, y la intención es que evitar que vuelva a ocupar el cargo, que en la actualidad está subrogado por la fiscal Verónica Rita Saldaño. Valdéz Franco recordó que el fiscal de Belén está siendo investigado en una denuncia que presentó semanas atrás, pero además tiene una presentación en su contra en el Tribunal de Enjuiciamiento por un presunto enriquecimiento ilícito.
En la mira
A fines de septiembre, el Jury abrió una investigación contra Flores basado en la denuncia que el concejal Valdéz Franco formuló en su contra, luego de que lo acusara por supuestas irregularidades y tráfico de influencias en los controles de ingreso a Belén, por el paso de camiones que serían de una empresa a su nombre, y que habrían estado conducidos por choferes con análisis PCR vencidos, lo que a criterio del denunciante agravó la situación sanitaria del departamento. Esa causa recaló en la fiscal Saldaño, que pidió la investigación jurisdiccional, pero además tomó intervención el jury, ya que pidió informes de esta causa y también analizaba pedir informes sobre otras que involucran a Flores.
Además, días pasados el oficial retirado Juan Carlos Baigorria se presentó ante el Tribunal de Enjuiciamiento y denunció a Flores y su esposa por un supuesto enriquecimiento ilícito y mal desempeño de sus funciones como representante del Ministerio Público, en una presentación en la que también pidió que intervenga la Unidad de Delitos contra la Administración Pública, y que a Flores se lo suspenda provisoriamente.
En la denuncia acusaron al fiscal de "enriquecerse de forma injustificada, teniendo un incremento patrimonial que consistiría en un aumento del activo familiar que no se condice a sus posibilidades legítimas y conocidas de enriquecimiento apreciables en razón a su cargo".
La presentación señala que el enriquecimiento de Flores sería por intermedio de su esposa, jubilada docente, quien registra movimientos bancarios que no se condicen con los ingresos que podría justificar. El denunciante pidió que se solicite un informe al Ministerio de Educación a los fines de constatar la relación laboral, la carga docente y las escuelas en que prestó servicio la esposa de Flores como así también sobre la mejor percepción anual de sueldo desde el inicio en su función como docente y hasta su jubilación.
Pero además, pidió que se soliciten a AFIP copias de las declaraciones juradas e información sobre los movimientos bancarios de las cuentas de Flores y su esposa de los últimos diez años. "Puede existir la posibilidad de un enriquecimiento perfectamente lícito. Ahora bien, se exhorta al funcionario a que pruebe que lo es. De no hacerlo, igualmente podría incurrir en un delito por comisión o por omisión de declarar el origen del aumento patrimonial.
En consecuencia, aunque el fiscal Flores se haya enriquecido lícitamente porque ganó la lotería o recibió una herencia, el no justificarlo lesiona el bien jurídico", advirtió Baigorria en su denuncia.
Por último y como medida cautelar, solicitó que se suspenda preventivamente al fiscal "en razón que la naturaleza y gravedad de la denuncia torna inadmisible la permanencia en el ejercicio de la función, ya que pudiera perjudicar o entorpecer irreparablemente la investigación", por lo que pide también que se le suspendan los haberes. Además, pide que el Jury tome por presentada formalmente la denuncia y de aviso a la Unidad Fiscal de Delitos contra la Administración Pública, a cargo de Facundo Barros Jorrat.
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