El municipio de Andalgalá comenzó a delinear la estrategia para defender la ordenanza antiminera, normativa comunal que la Corte de Justicia declaró inconstitucional antes de navidad resolviendo así el planteo realizado por la empresa minera Agua Rica. De acuerdo a lo que indicó la fiscal municipal a este medio, Soledad Cecenarro, la defensa a la ordenanza estará a cargo del exdiputado nacional y reconocido profesional del derecho, José Furque. De esta forma, el abogado continuará con el proceso por el cual ya había solicitado la desestimación de la acción de inconstitucionalidad.
Ahora bien, la comuna irá con un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en pos de frenar vía judicial el desarrollo del yacimiento en Andalgalá rechazando con ello la explotación a cielo abierto de la mina en las altas cuencas del río homónimo al departamento. Eso sí, el camino hacia el máximo tribunal de Justicia del país deberá sortear primero que la Corte local lo admita. Si los magistrados locales entienden que la presentación no cumple con los requisitos necesarios, la comuna podrá avanzar a la Corte Suprema en queja.
Por lo pronto, una de las estrategias que se comenzó a delinear tras el fallo de la Corte sobre la ordenanza pone el foco sobre la votación de los ministros de Justicia catamarqueños. En principio y según mencionaron fuentes de la comuna, se apuntaría a que la sentencia no fue resuelta por unanimidad de votos.
En el fallo, el cortesano José Cáceres votó en disidencia entendiendo que se debía rechazar el planteo por la inconstitucionalidad de la ordenanza. Por su parte, Miguel Figueroa Vicario, Vilma Molina y María Alejandra Azar (ministra subrogante) votaron hacer a la acción interpuesta por Minera Agua Rica. Cabe señalar que el voto de la ministra subrogante fue en disidencia parcial. Sin embargo este posicionamiento no fue sobre el tema de fondo sino sobre quién debía afrontar el pago del proceso judicial que por mayoría se resolvió que lo haga el Municipio.
Ya con la mayoría de los votos a favor, el magistrado Manuel de Jesús Herrera (ministro subrogante) observó que la validez o no de la Ordenanza ya tenía resolución por mayoría. Más allá de ello, también consideró que era evidente que el Municipio carece de competencia para dictar la Ordenanza puesto que no está autorizado a prohibir la explotación del recurso natural, facultad que da la Provincia. esquiu
