Desde el Instituto Lebensohn reafirman la necesidad de una política minera con perspectiva social, con desarrollo socio-productivo, audiencias públicas y monitoreos ambientales participativos

“Hay que generar las condiciones para el diálogo, entendimiento y acuerdo entre las partes, porque eso es parte de una verdadera política minera” pronunció el coordinador del Instituto Lebensohn en Catamarca y ex presidente del Colegio de Geólogos Alfredo Marchioli al referirse al conflicto minero en Andalgalá y las medidas necesarias para avanzar en proyectos sustentables con licencia social.

Marchioli como en otras ocasiones reiteró la idea de darle a la sociedad las garantías necesarias si se piensa en una verdadera política minera y el desarrollo de la provincia. “La participación en las decisiones, espacios de audiencia pública y monitoreos participativos son parte de las propuestas que vinimos dando y acercamos cuando se trató la Reforma del Código de Procedimientos Mineros, porque era la oportunidad de incluir en el mismo la conformación de dos institutos que contribuyen a lograr una licencia social sostenible”, remarcó el profesional al tiempo de agregar que “lamentablemente no se tuvieron en cuenta medidas sustanciales por carencia de voluntad política”.

“Acá la minería tiene que ser parte del desarrollo socio productivo de los pueblos, pero no hay ninguna posibilidad de lograr una licencia social que sea sostenible cuando las partes involucradas, referentes sociales, o de las fuerzas vivas del lugar no participen del proyecto en proceso” lamentó Marchioli tras sostener que “al tema ambiental también hay que sumarle la renta minera o los beneficios económicos que han generado los proyectos pero que no fueron proporcionalmente distribuidos en función de la incidencia y participación que tienen los departamentos Andalgalá, Belén y Santa María por su vinculación territorial con la actividad”.

De igual manera, el dirigente manifestó: “hace bastante tiempo que sabemos que este proyecto minero en Andalgalá es viable, se hicieron todos los estudios que daban cuenta de esto; entonces por qué no se constituyó una mesa totalmente representativa con todos los sectores, ONG, el Gobierno Provincial y Municipal, colegios profesionales y sectores intervinientes. El gobierno de la provincia tiene que generar las condiciones e implementar las políticas de educación, de control ambiental, de participación ciudadana, es decir una política minera con perspectiva social”.