Los Diputados del radicalismo mantuvieron un reunión con el primer mandatario provincial para plantear la situación de Andalgalá y las acciones que el Gobierno pretende dar en cuanto al caso. Además, los Diputados expresaron su total apoyo al Intendente Eduardo Córdoba ante el intento de los dirigentes del PJ de culparlo de lo sucedido durante la marcha anti Agua Rica.
El Diputado Víctor Luna habló para los medios sobre la reunión con el gobernador Raúl Jalil en cuanto a los sucedido en Andalgalá el pasado sábado por la tarde “Hemos pedido el respeto, hacia el municipio, hacia la institucionalidad sobre todas las cosas y no algunas acusaciones dentro del pueblo por parte de la propia dirigencia de un partido político como endilgándole la responsabilidad a Córdoba, en ese sentido hemos sido muy claros, concretos y contundentes”
El Diputado Francisco Monti también habló al respecto de dicha reunión “Nosotros no vamos a permitir de ninguna manera que se endilgue ningún tipo de responsabilidad a nuestra organización política, ni a los funcionarios ni al intendente de la ciudad de Andalgalá. Acá lo que ha hecho una facción del PJ es atribuir responsabilidades y generar una grieta que es malintencionada… nosotros no entendemos por qué no estuvo la policía ahí. Nadie de nosotros ha pedido represión, lo desmentimos completamente, nadie quiere represión, sí queremos que la justicia actúe” dijo.
La Diputada Marita Colombo habló en Radio Valle Viejo con respecto al conflicto social que existe en Andalgalá “yo creo que en cada elección el pueblo de Andalgalá se pronunció no precisamente a favor de la minería me refiero a las elecciones locales para la designación de las autoridades municipales, entonces me parece que relativizan la situación y yo no sé qué más tiene que ocurrir para que dejen de imponer su modelo de desarrollo en un distrito que mayoritariamente se viene pronunciando en contra de la actividad , al menos como está planteada y lo digo tratando de tener una lectura de los hechos sucedidos en todos estos años más allá incluso de mis ideas con respecto a la minería”.
Colombo dijo que este modelo de desarrollo es cuestionado y que “en Andalgalá conviven personas que están en contra del desarrollo del proyecto Agua Rica con personas que están a favor”. La Diputada dijo además que el gobierno debe rever las acciones para poder desarrollar su modelo o buscar otro modelo de desarrollo que no produzca enfrentamientos sociales.
“lo más triste es que pretenden endilgarle responsabilidades al Intendente Municipal de Andalgalá, me parece a mí de poca responsabilidad política de buscar la confrontación en un momento donde se requiere un marco de diálogo serio, respetuoso y plural, multidisciplinario para analizar esta situación y resolver algunos puntos de acción que le devuelvan la paz social a Andalgalá, que el Gobierno se abstenga de avanzar con decisiones que traigan más zozobra a esta comunidad” dijo Colombo.
El Diputado Tiago Puente también se expresó en las redes sociales en apoyo al Intendente Córdoba “Estamos convencido que por la vía del diálogo esta situación mejorará, tanto para tranquilidad de los andalgalenses, como así también para la dirigencia catamarqueña. Nuestro pleno acompañamiento al intendente Eduardo Córdoba” expresó.
Por su parte, el Diputado Alejandro Páez también expresó su apoyo al actual Intendente de Andalgalá Eduardo Córdoba “de mi parte quiero trasmitir mi apoyo al intendente municipal porque no es fácil estar hoy en la situación que está nuestro intendente en donde es responsable de toda una comunidad y tener dos situaciones que conmocionan, entonces vaya toda mi solidaridad y mi apoyo como ya se la he expresado al Intendente Eduardo Córdoba, que más que críticas necesita que colaboremos con él” dijo Páez.
Los Diputados radicales solicitaron una reunión con el Gobernador de la Provincia sobre todo para saber personalmente sobre versiones que fueron impulsadas por el Partido Justicialista donde solicitaban la intervención del municipio de Andalgalá aprovechando esta situación de conflicto que fueron creadas por las decisiones del Gobierno en cuanto a la actividad minera.
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