Los abogados Alejandro Bosio y Oscar Rivera representan a la familia del ciudadano argentino Lee Ren Cheong, que es propietario de 33 mil hectáreas de Fiambalá, donde están los baños termales. Bosio explicó que la intendenta Roxana Paulón inició una acción de prescripción administrativa, que implica un reclamo sobre las tierras, pero se trata de una acción que no corresponde por esa vía. Reiteró que hace más de 20 años que la familia busca resolver el conflicto, pero la política no le dio prioridad.
El letrado comentó que ya se iniciaron reclamos formales administrativos ante organismos provinciales y municipales. El paso siguiente será la demanda penal.
"Un día nos encontramos que cuando queremos ir a inscribir un lote que se había vendido teníamos bloqueada la matrícula porque teníamos una prescripción administrativa en curso y por eso se encendieron todas las alarmas", explicó.
"Comenzamos a investigar, se realizaron los planteos correspondientes en la Administración de Catastro. Catastro actuó de buena fe, el organismo no es el que resuelve el conflicto, pero dijo que los planos están en condiciones y ahí pudimos tomar conocimiento de la prescripción administrativa", comentó.
La familia Cheong se enteró de esta situación en enero de este año. "El municipio avanzaba con una prescripción administrativa por 1.200 hectáreas, mucho más de lo que se podía realizar", manifestó Bosio.
"Comenzamos a presentar las oposiciones hasta que pudiéramos obtener toda la documentación necesaria para realizar una acción de reivindicación", anticipó y explicó que la acción de reivindicación tiene por objeto solicitar que se respete el derecho que tiene la familia Cheong sobre esa propiedad.
"La situación es que por más de 20 años la familia Cheong estuvo dispuesta a realizar una cesión de esa porción. Siempre la familia estuvo dispuesta y así lo hicieron saber a las distintas gestiones municipales. No es la idea de la familia quedarse con las Termas", indicó el abogado, pese a que las distintas gestiones municipales avanzaron con obras, conociendo que esas tierras tenían un propietario.
Lo que generó malestar fue la estrategia a la que recurrió la gestión de Paulón, ya que antes en su campaña electoral había reconocido que era necesario regularizar la situación dominial de Las Termas.
Bosio explicó que la prescripción administrativa "es un trámite abreviado de lo que sería una prescripción judicial. La prescripción administrativa se da sobre terrenos que no tienen poseedores ni titulares, por eso no demandan mayores trámites", explicó y aclaró que éste no es el caso porque además la familia ya vendió otros terrenos con lo que queda demostrada la titularidad.
Por último, expresó la preocupación por algunas declaraciones de la intendenta que contribuyen a generar una reacción violenta contra la familia. "Escucho que se tiende a demonizar a la familia cuando son ciudadanos argentinos. Claudio (el hijo) vive en Fiambalá desde hace algunos años para defender sus derechos y hasta ahora no se le dio solución", señaló.ancasti
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