Los gobiernos de la Nación y la Ciudad de Buenos Aires no lograron ponerse de acuerdo para encontrar una salida política al conflicto por la coparticipación y la discusión será dirimida por la Corte Suprema de Justicia.
En este marco, los gobernadores de 17 provincias, entre ellos Raúl Jalil, consensuaron una solicitada para pedirle al máximo tribunal de justicia del país ser aceptados como “amicus curiae” del máximo tribunal y le apuntaron al distrito que gestiona el PRO indicando que el gobierno porteño exige recursos que no le corresponden.
En marzo pasado, el máximo tribunal había dado un plazo inicial de 30 días hábiles para que ambas administraciones intentaran encontrar un punto de entendimiento luego de la quita de fondos impulsada por Nación en 2020. Pero eso solo fue alcanzado parcialmente, en lo que respecta a la forma de transferencia y la actualización de las partidas, pero no en el monto, el punto más sensible de todos.
“Los gobernadores y las gobernadoras de las provincias argentinas manifestamos nuestra profunda preocupación por la injerencia indebida por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la intervención respecto de la medida cautelar y la acción declarativa de inconstitucionalidad interpuesta por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ante el Estado Nacional con el objeto de lograr la restitución en el monto de liquidación de recursos que no le corresponden”, es el primer párrafo del escrito titulado “El Federalismo no se negocia”.
“No existe razón alguna para pretender modificar la transferencia de recursos alterando el plexo normativo constitucional precisamente de parte de aquellos que deberían ser sus celosos custodios”, indicaron y plantearon el cansancio “de la discriminación centralista”. “Recibimos los menores subsidios por la energía que consumimos, por el transporte que nuestros usuarios utilizan. Pagamos el combustible más caro. Nos hacemos cargo de nuestras fuerzas de seguridad y destinamos parte de nuestros escasos recursos para afrontar erogaciones que el privilegio centralista dispone. Las provincias decimos basta! No aceptamos más decisiones que violen flagrantemente nuestro federalismo”.
“Queremos que de un modo inmediato la CSJ nos acepte como amicus curiae y estamos dispuestos a presentar acciones judiciales complementarias destinadas a corregir las distorsiones observadas en diversos decretos que afectan la disponibilidad de nuestros recursos. Nosotros vamos a defender a nuestras provincias. Que sepan muy bien los jueces de la Corte Suprema de Justicia, que el federalismo no se negocia y deben hacerse responsables de las consecuencias de sus actos”, remarcan.
Además de Jalil, el documento lleva la firma de los mandatarios de Buenos Aires, San Luis, Santiago del Estero, San Juan, Tierra del Fuego, Santa Cruz, La Rioja, Tucumán, Chubut, Chaco, Formosa, Salta, Entre Ríos, La Pampa, Misiones y Santa Fe. No suscribieron la solicitada ni participaron de las negociaciones los gobernadores de Juntos por el Cambio (Gerardo Morales, Rodolfo Suárez, Gustavo Valdés), el cordobés Juan Schiaretti, Omar Gutiérrez (Neuquén) y Arabela Carreras (Río Negro). Comentarios
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