Tal como lo hizo en la sesión, Brizuela marcó que «hay un aprendizaje de los errores cometidos» y que «la Ley de Inversiones mineras que ya existe y el RIGI no es lo mismo», porque esta nueva ley «la amplía».
En una charla con el programa Mañana Central de Radio Ancasti, definió que el procedimiento de Bajo la Alumbrera fue «un experimento» con mala praxis política y que el RIGI no será «mágico».
«El RIGI no es la varita mágica que soluciona todo, es el instrumento, y todo está en el uso», sostuvo. Marcó que «los recursos de la minería se terminaron usando de manera irresponsable por gobernadores como por municipios, se usaron para gastos comunes y pagar sueldos», y que «el verdadero debate debiera ir por ese lado, cuáles son las herramientas que debemos hacer cumplir para ver dónde va a parar los fondos de la minería en gran escala».
El libertario agregó que se debe garantizar la creación de «una base que sostenga financieramente la economía de un país y no que se terminen gastando en gastos comunes y queden el agujero de la extracción minera y los pueblos que rodean a los yacimientos siguen sumergidos en la pobreza».
En ese sentido criticó a los movimientos de Izquierda porque «no podemos negarnos a la minería».
«Hay países que hacen una minería sustentable, con licencia social y sostengo que quienes se oponen, especialmente la Izquierda, lo hacen desde una postura totalmente ideologizada y plantean un no rotundo como si permitir el ingreso de capitales extranjeros fuera algo pecaminoso», expuso.
Demora
El tratamiento de la adhesión al RIGI tuvo como antesala numerosos plenarios de comisiones y una resolución «aplastante» por el sí.
«Esa demora no tenía otra explicación que un tema interno que quedó ayer expuesto dentro del oficialismo, entre quienes están bajo el ala de la senadora Lucía Corpacci y quienes entienden que para la política minera del gobernador Raúl Jalil el RIGI era muy importante», dijo.
«Se nota que hay un quiebre en el peronismo nacional y se proyecta en lo local», señaló, ubicando a Corpacci con el «kirchnerismo duro» y a Jalil entre los gobernadores «dialoguistas».
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