El estudio en cuestión fue elaborado por la consultora CRU en Chile y destaca que los proyectos Josemaría, El Pachón y Los Azules de San Juan; MARA de Catamarca y Taca Taca de Salta podrían producir en conjunto unas 955.000 toneladas de cobre en la Argentina y generar ingresos por más de USD 47.000 millones entre 2026 y 2040.
“Estos proyectos podrían empezar a producir dentro de la próxima década e impactar positivamente en la economía argentina con un promedio de ingresos anuales por cerca de USD 4.000 millones anuales entre 2031 y 2040, basado en la metodología de flujo de caja del país anfitrión”, dijo el estudio que comparó el impacto acumulativo de los cinco proyectos, de USD 47.051 millones, con los USD 44.000 millones de deuda de la Argentina con el FMI.
El estudio destacó la aplicación del Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI) impulsado por el Gobierno nacional y aprobado por el Congreso el año pasado, que estima una disminución de 47 a 38% de la carga impositiva promedio sobre las ganancias antes de intereses e impuestos de los cinco proyectos contemplados en el estudio. En este sentido, adviertió que con el RIGI, señala, la inversión minera en la Argentina se vuelve fiscalmente más atractiva que en Chile, donde la carga fiscal recorrió el camino inverso y aumentó del 37 al 45%, y que en Perú, donde la imposición promedio es del 42 por ciento.
Siguiendo con el RIGI, el informe indicó que podría impulsar la competitividad de esos proyectos, pero advierte que «ese potencial transformador depende de la estabilidad de largo plazo para atraer inversiones y construir las capacidades locales de grandes proyectos de cobre". En este sentido, sostuvo que esto se traduce en "un desafío tanto para el gobierno como para las compañías mineras».
El estudio consideró que estos proyectos podrían iniciar su producción hacia fines de la actual década.
Los autores destacaron además que el proyecto MARA, de Glencore, una de las grandes mineras, se basa en realidad en un nuevo depósito mineral que dispone de plantas de procesamiento e infraestructura previas, las de Minera la Alumbrera, que dejó de extraer cobre en 2018.
CRU subrayó también la envergadura de las empresas involucradas en los proyectos, como BHP, la minera más grande del mundo, Lundin Mining, First Quantum y el desarrollador Junior McEwen Mining.
Por otra parte y según los cálculos de CRU, de los poco más de USD 47.000 millones de ingresos proyectados, un 52% (cerca de USD 24.500 millones) serían ingresos fiscales, principalmente vía el impuesto a las ganancias corporativas, de la Nación (que lo coparticipa con las provincias) y las regalías mineras, que corresponden a los gobiernos provinciales. En este sentido, recordó que las mineras suelen, además, aportar a diferentes fideicomisos para financiar iniciativas locales, con los que buscan ganar “licencia social”.
El «flujo de caja» que calculó el estudio abarca también la porción de los gastos de capital y de los costos operativos que «permanecen en las economías locales», como los empleos directos y la fracción de los bienes y servicios provistos localmente.
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