La ocupación de un predio fiscal en la zona de Piedra Morada sumó nuevos capítulos de tensión. Más de 210 familias (el consorcio afirma ser hasta 265) se mantienen en vigilia sobre la Ruta Nacional 40, denunciando amenazas de desalojo forzoso y una falta total de asistencia por parte de las autoridades municipales.
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Testimonios: «Somos trabajadores y estamos desesperados»
En las últimas grabaciones obtenidas en el lugar, los ocupantes —en su mayoría madres solteras y trabajadores precarizados— describieron una situación económica asfixiante.
El peso de los alquileres: «Estamos pagando alquileres de hasta $300.000, mientras que la mayoría somos becados municipales y no nos alcanza para nada», relató uno de los voceros del Consorcio Cristo Rey.
Reclamo habitacional: «A la gente que tiene sueldo le dan casa, pero a los que no tenemos no nos adjudican nada. Solo queremos el terreno para empezar, no pedimos que el gobierno nos haga la casa», reclamó una madre soltera en el lugar.
Denuncias por violencia y falta de servicios
La situación se agravó con denuncias de maltrato policial y hostigamiento por parte de presuntos propietarios de las tierras lindantes:
Ataques con armas: Los manifestantes reiteraron que fueron atacados a tiros durante la madrugada: «A las 5 de la mañana nos corretearon a tiros. Hay una señora que dice ser dueña y nos amenazó de muerte con armas de fuego», denunciaron ante la prensa.
Restricciones básicas: La policía habría impedido el ingreso de asistencia: «No nos dejan hacer fuego para tomar algo caliente ni dejan entrar a gente que nos quiere ayudar. Nos están metiendo miedo para que nos vayamos».
Higiene y salud: Denunciaron que les soltaron perros y les cerraron los accesos públicos, obligando a familias con niños a transitar por la zona del río para entrar o salir del predio.
Un pedido directo al Intendente y Senadores
El Consorcio Cristo Rey exige la presencia inmediata de las autoridades: «Invitamos a la senadora, al intendente y a Desarrollo Social. El intendente es nuestro espejo de la ciudad de Belén y tiene que venir a darnos una solución».
A pesar de que la justicia ya habría emitido una orden de desalojo, los ocupantes aseguran que tienen documentación de Catastro que prueba que los terrenos son fiscales y que la supuesta propietaria mantiene una deuda millonaria con el Estado. «De acá no nos movemos hasta que nos autoricen la posesión», sentenciaron entre cánticos de «¡Justicia!» y «¡Queremos vivienda!».
La versión de la familia Baigorria, quienes se presentan como los legítimos propietarios de las tierras ocupadas por el consorcio «Cristo Rey».
1. Documentación y Legitimidad
La familia afirma poseer toda la documentación respaldatoria que acredita la propiedad privada del lugar:
Mensura y Escritura: Aseguran tener los papeles a nombre de Marta Baigorria y su hijo, Alejandro Sáez.
Propiedad Privada: Desmienten categóricamente que se trate de lotes fiscales. Sostienen que los ocupantes rompieron candados y cortaron alambrados en la Calle 33 para ingresar por la fuerza.
2. Acusaciones contra los organizadores
Juan Manuel Benítez Baigorria señaló directamente a los cabecillas de la toma:
Venta ilegal de lotes: Acusaron a una persona de apellido Coronel de ser quien «vendió» o prometió los terrenos a las familias, cobrando incluso cuotas por parcelas que no le pertenecen.
Engaño: Afirman que a la gente se le dijo que las tierras no tenían dueño, cuando en realidad han sido habitadas y cuidadas por la familia Baigorria desde hace más de 20 años.
3. Versión sobre los incidentes
Respecto a las denuncias de violencia y el uso de armas de fuego, la familia ofreció una explicación distinta:
Uso de perros: Confirmaron que utilizaron perros para amedrentar a quienes intentaban ingresar, pero aseguraron que los animales estaban con correa y pretal, y que solo se usaron para asustar a los invasores, no para morderlos.
Defensa de la propiedad: Niegan haber realizado disparos y sostienen que su reacción fue únicamente para evitar la toma ilegal de su patrimonio ante la mirada de menores, hecho que calificaron como una irresponsabilidad de los padres ocupantes al exponer a sus hijos.
4. Situación Judicial
La familia Baigorria ya realizó las denuncias correspondientes y una ampliación de la denuncia aportando pruebas fotográficas. Confían en la intervención de la fiscalía para que se proceda al desalojo inmediato, basándose en que el único acceso al predio en disputa es a través de su propiedad privada, la cual tiene escritura pública.
