La Municipalidad presentó un recurso legal ante el Ministerio de Minería para frenar una disposición que fija la audiencia clave solo en Belén. Con pruebas técnicas y mapas de cuencas, el municipio demuestra que el yacimiento y su impacto hídrico pertenecen a su jurisdicción, y acusa al Gobierno de violar el derecho a la participación ciudadana.
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La tensión entre el municipio de Andalgalá y el Ministerio de Minería de Catamarca ha escalado tras la oficialización del cronograma para la 9na Actualización del Informe de Impacto Ambiental (IIA) del proyecto minero Bajo La Alumbrera, operado por Minera Alumbrera LTD. El conflicto estalló luego de que la Disposición DiPGAM N° 00542646 estableciera que la Audiencia Pública, la instancia más crítica de participación ciudadana, se llevará a cabo exclusivamente en la localidad de Hualfín, departamento Belén, el próximo 16 de abril.
En respuesta, la gestión municipal de Andalgalá, encabezada por el Ejecutivo local, presentó un Recurso de Reconsideración ante la ingeniera Teresita Regalado, del Ministerio de Minería, exigiendo que la audiencia se realice también en la «Perla del Oeste». El municipio califica la decisión provincial como un «grave error administrativo» que margina a la comunidad directamente afectada por el proyecto.
La evidencia técnica: El mapa que define la jurisdicción
El núcleo del reclamo de Andalgalá no es solo político, sino estrictamente técnico y geográfico. El recurso legal se fundamenta en informes y cartografía detallada que demuestran que la infraestructura crítica y el área de impacto directo del yacimiento se encuentran dentro del departamento Andalgalá.
Según la documentación presentada, tanto el «open pit» (cielo abierto) de Bajo La Alumbrera (BLA) como el de Bajo el Durazno (BED) están ubicados en las cabeceras de la Cuenca Hídrica del Río Vis Vis. Este río forma una red de drenaje vital superficial que fluye hacia el Bolsón de Pipanaco.
Las imágenes satelitales adjuntadas al recurso (ver imagen) muestran claramente cómo los componentes de mayor riesgo ambiental, como las escombreras y el dique de colas, están integrados en esta cuenca, vinculando indisolublemente el proyecto al subsuelo y territorio andalgalense. Para el municipio, esta evidencia técnica justifica legalmente que la discusión sobre el impacto ambiental se dé en el lugar más cercano al impacto, y no a kilómetros de distancia.
Un plan de seis años con alto impacto hídrico
La urgencia del reclamo responde a la magnitud del plan que el Ministerio de Minería impulsa para el período 2026-2031. Esta actualización del IIA busca reactivar la producción minera mediante la explotación simultánea de los sectores BLA y BED. El proyecto contempla una fuerte intervención técnica, incluyendo la extracción de agua desde el campo El Arenal a través de un acueducto de 25 kilómetros.
Ante un plan de esta envergadura, el Ejecutivo local considera «insuficiente y discriminatorio» que el Ministerio solo haya programado una «charla técnica informativa» local en Andalgalá (para el 6 de abril), reservando la Audiencia Pública principal para Belén. El municipio sostiene que la comunidad andalgalense tiene derecho a evaluar cara a cara el «plan minero sustentable» y las garantías ambientales presentadas por la empresa operadora.
Defensa legal de la participación ciudadana
La gestión municipal basa su reclamo en un sólido marco legal, citando la Ley General del Ambiente N° 25.675 y el Código de Minería. Ambas normativas obligan al Estado a facilitar y garantizar la participación ciudadana efectiva en los procesos de toma de decisiones ambientales, prioritariamente en el lugar más cercano al impacto.
El escrito solicita un «pronto despacho» para corregir la ubicación de la audiencia. El municipio advierte que, de no mediar una respuesta favorable que respete la paz social y la legitimidad técnica, elevará un recurso jerárquico ante las autoridades superiores del Gobierno de Catamarca.
Para Andalgalá, la participación ciudadana no puede ser reducida a un simple trámite de oficina realizado a la distancia. Exigen medidas concretas para asegurar una discusión crítica, presencial y transparente en la cabecera departamental. La resolución de este conflicto será clave para definir si el desarrollo minero en la provincia prioriza la voluntad de los pueblos y la protección de sus recursos hídricos sobre la conveniencia administrativa.
