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La tensión entre el sector docente y el Gobierno de Catamarca alcanzó un nuevo pico este miércoles. En una jornada marcada por la movilización social, los Docentes Autoconvocados no solo ratificaron su plan de lucha en la Capital y el interior, sino que lograron ampliar su base de sustentación al sumar el apoyo activo de trabajadores de Salud y de la administración pública provincial.
La marcha, que tuvo su epicentro en la Plaza 25 de Agosto, recorrió las arterias del microcentro hasta desembocar en la Plaza 25 de Mayo. El mensaje fue unívoco: la propuesta salarial del Ejecutivo es insuficiente frente al incremento del costo de vida.
Un frente común estatal
Lo que comenzó como un reclamo sectorial docente ha comenzado a mutar en una convergencia de demandas estatales. La presencia de guardapolvos blancos junto a profesionales de la salud refleja un descontento generalizado por las condiciones laborales en la provincia. Según los manifestantes, la situación económica actual vuelve «insostenible» el mantenimiento de los hogares con los ingresos vigentes.
El nudo del conflicto: $1.300.000 vs. $800.000
El punto de quiebre en la negociación es la distancia abismal entre lo pretendido y lo ofrecido. Los Autoconvocados plantean que el salario mínimo debe fijarse en $1.300.000, cifra que consideran el umbral necesario para no caer bajo la línea de pobreza.
En contraste, la propuesta oficial rechazada por las bases consistía en:
Un bono extraordinario de $80.000 para marzo.
Piso salarial de $800.000 por cargo a partir de marzo.
Actualización bimestral por inflación (IPC) del punto índice recién desde enero de 2026.
Nueva revisión del mínimo en julio de 2026.
«La propuesta no responde al reclamo central. El ingreso actual no permite afrontar el costo de vida real», señalaron referentes del sector durante la movilización.
Alerta por estabilidad laboral
Más allá de lo estrictamente salarial, el conflicto sumó una nueva arista de preocupación: la estabilidad de los puestos de trabajo. Durante la jornada, circuló con fuerza la denuncia sobre la posible pérdida de empleo de más de 600 maestras jardineras.
Este escenario de incertidumbre, sumado a denuncias de presiones por parte de las autoridades para desactivar las medidas de fuerza, ha endurecido la postura de los educadores, quienes advierten que las protestas continuarán hasta obtener una respuesta que garantice tanto condiciones dignas como seguridad jurídica para los trabajadores.
