En una serie de declaraciones de alto impacto que sacudieron el tablero político y minero de la provincia, Rodrigo Delgado, presidente de la Cámara de Proveedores Mineros de Andalgalá, fijó una postura tajante frente al Gobierno de Catamarca. Bajo la premisa de un compromiso que prioriza la identidad ciudadana por sobre el beneficio empresarial, Delgado lanzó duras críticas a la gestión de Raúl Jalil y la falta de fiscalización en los proyectos actuales.
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Un nuevo paradigma: Primero Andalgalenses, luego Proveedores
Delgado fue enfático al plantear que la actividad minera solo es aceptable si el beneficio es integral para el departamento. «Lo dijimos ante la ministra Teresita Regalado y ante cada autoridad: la minería se va a dar con Andalgalá adentro, si no, no hay minería», sentenció.
El dirigente buscó romper con la imagen negativa que la comunidad suele tener del sector:
Compromiso Ambiental: Reveló que el primer punto planteado a las autoridades fue el cuidado del medio ambiente, solicitando incluso una mesa multisectorial para que los proveedores locales participen en los monitoreos de Alumbrera y Agua Rica.
Alternativa Ecológica: Aseguró que, si la actividad no beneficia a desocupados e instituciones locales, prefieren que el recurso no se explote: «Preferimos que el cerro quede como está y hacer turismo ecológico».
Denuncia de «Zona Liberada» y desmantelamiento de controles
El punto más crítico de sus declaraciones, brindadas a una emisora de Belén, apuntó a lo que describió como una «zona liberada» para las empresas transnacionales. Delgado denunció que el Gobierno Provincial permite que las firmas operen sin supervisión real, citando incumplimientos reglamentarios en Fiambalá y en el proyecto 3Q de Zijin-Liex.
Los puntos más graves de la denuncia:
Eliminación de la Policía Minera: Advirtió sobre un «rumor persistente» de que el gobernador Jalil intentaría desmantelar la Policía Minera o trasladarla al Ministerio de Industria, debilitando su capacidad de fiscalización.
Privilegios y Vinculaciones: Cuestionó la falta de prioridad para proveedores locales frente a empresas foráneas o vinculadas al poder político. Mencionó específicamente a firmas como Huasí Construcciones y la nueva empresa de seguridad Alamut, vinculándolas directamente con el entorno del Ejecutivo Provincial.
Anuencia Gubernamental: Según Delgado, existe una complicidad que permite a las mineras «hacer lo que tengan ganas», desde ignorar sanciones hasta contratar empresas de fuera de la provincia sin restricciones.
«El Gobierno se enoja con el organismo de control cuando este intenta ejercer sus funciones. Están liberando la actividad para que cada empresa llame a licitar a quien se le ocurra», denunció el referente andalgalense.
