En una sesión que marca un antes y un después en la política ambiental y productiva de la Argentina, el Congreso de la Nación ha sancionado la reforma de la Ley de Glaciares (originalmente Ley 26.639). Con 137 votos a favor, la nueva normativa redefine el equilibrio entre la preservación de los recursos hídricos y la autonomía de las provincias para gestionar sus recursos naturales.
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A continuación, analizamos los cambios estructurales que introduce este nuevo esquema:
1. El fin de la protección automática y amplia
Bajo la ley de 2010, todos los glaciares y áreas periglaciares gozaban de una protección estricta por su valor estratégico. Con la reforma, el enfoque cambia: solo serán protegidos aquellos cuerpos de hielo y ambientes periglaciares que tengan una «función hídrica comprobada o relevante».
2. Federalismo Ambiental: El poder para las provincias
Este es quizás el cambio más profundo. La reforma otorga a las provincias la facultad de decidir qué áreas proteger y bajo qué parámetros. Este punto responde a un histórico reclamo de los distritos cordilleranos con potencial minero, permitiéndoles definir criterios propios de gestión.
3. Nuevo rol del IANIGLA
El Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), que antes era la autoridad científica central, ahora tendrá un rol principalmente registral. Si bien el Inventario Nacional de Glaciares sigue siendo de consulta obligatoria, sus informes ya no limitarán directamente las atribuciones de las provincias.
4. Evaluaciones «Caso por Caso»
Se abandona el esquema de prohibiciones generales que regía anteriormente. En su lugar, se implementa un modelo basado en Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA). Cualquier actividad proyectada en zonas de glaciares deberá someterse a este estudio previo, cuya aprobación quedará bajo jurisdicción provincial.
5. El Principio Precautorio y la Protección Condicional
La protección actual de los glaciares inventariados se mantendrá de forma inicial. Sin embargo, esta protección es condicional: si una autoridad ambiental determina que un cuerpo de hielo no cumple una función hídrica relevante, este dejará de estar bajo el amparo de esta ley específica.
Criterio de Protección:
Ley Original (2010): Mantenía un enfoque amplio y preventivo, otorgando protección a todos los glaciares por su sola existencia.
Nueva Ley (2026): Establece una protección condicional, limitada únicamente a aquellos cuerpos de hielo que posean una función hídrica relevante o comprobada.
Autoridad Decisora:
Ley Original (2010): Se regía por estándares nacionales homogéneos, garantizando el mismo nivel de protección en todo el territorio.
Nueva Ley (2026): Descentraliza el poder, otorgando autonomía a cada provincia para definir sus propios criterios de gestión.
Actividad Productiva:
Ley Original (2010): Imponía prohibiciones generales para actividades industriales o extractivas en áreas sensibles.
Nueva Ley (2026): La actividad está permitida, quedando sujeta a una Evaluación de Impacto Ambiental previa según la jurisdicción provincial.
Rol del IANIGLA:
Ley Original (2010): Funcionaba como el organismo de rectoría científica y técnica a nivel nacional.
Nueva Ley (2026): Su papel se reduce a una función registral y de ref
Preguntas frecuentes para entender el impacto
¿Se puede hacer minería en zonas de glaciares ahora?
Sí, la reforma habilita la posibilidad de realizar actividades productivas siempre que se aprueben las evaluaciones de impacto ambiental y se determine que la zona no cumple una función hídrica crítica.
¿Qué pasa si un glaciar no tiene «función hídrica»?
Saldrá del régimen de protección especial de esta ley, aunque seguirá sujeto a las normativas ambientales generales vigentes en el país.
¿Qué sucede en las zonas de frontera?
En áreas donde la demarcación de límites no sea definitiva, el Ministerio de Relaciones Exteriores deberá intervenir antes de que cualquier formación sea registrada en el inventario.
El debate: Mientras el oficialismo y las provincias mineras celebran la norma como una herramienta de «ordenamiento y federalismo», sectores científicos y ONGs advierten que la fragmentación de criterios podría poner en riesgo las reservas estratégicas de agua dulce del país ante el cambio climático.
