La instalación de un ambicioso proyecto productivo en la zona de La Ciénaga, Belén, ha generado un fuerte rechazo y preocupación en la comunidad local. La concejala Ana Paula Silvero (UCR) ha alzado la voz contra la plantación de 800 hectáreas de pistacho, denunciando una alarmante falta de transparencia, irregularidades en la tenencia de la tierra y un potencial desastre hídrico para la región.
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Falta de Información y Opacidad Oficial
Uno de los puntos centrales de la denuncia es la ausencia de datos técnicos accesibles para los ciudadanos. Según Silvero, la información disponible proviene únicamente de anuncios gubernamentales y no de estudios oficiales.
Sin informes técnicos: No se han hecho públicos los informes de impacto ambiental ni los estudios hídricos necesarios para un emprendimiento de esta magnitud.
Pedido de transparencia: Los vecinos y dirigentes exigen que la documentación, que debería ser pública, sea difundida oficialmente.
El Conflicto por las Tierras: «Expropiaciones Silenciosas»
La edil denunció que el Gobierno Provincial expropió 2.000 hectáreas a finales de diciembre de 2020, un proceso que, según afirma, se realizó sin el conocimiento de los vecinos afectados.
Derechos vulnerados: Muchas de las tierras pertenecían a familias con derechos de campo que no fueron informadas de la medida.
Dudas sobre la adjudicación: Existe incertidumbre sobre cómo estos terrenos terminaron vinculados a la empresa privada «Pistachos NOA S.A.».
Amenaza al Recurso Hídrico
La mayor preocupación radica en el enorme consumo de agua que requiere el cultivo de pistacho, en una zona que ya padece escasez durante todo el año.
Alto consumo: Se estima que esta planta demanda entre 9 y 10 millones de litros de agua por año por cada hectárea.
Impacto en el Río Belén: El proyecto se ubica en una cuenca que provee el 40% del caudal que llega al río principal de la ciudad.
Patrimonio en Riesgo
Además de las cuestiones ambientales y legales, Silvero advirtió que la zona posee un incalculable valor arqueológico, albergando antiguos asentamientos aborígenes y cementerios que podrían verse afectados por la actividad agrícola intensiva.
«No estamos en contra del desarrollo, pero si se hacen las cosas bien, este tipo de producción no tendría que traer consecuencias negativas». — Ana Paula Silvero, concejala de Belén.
Actualmente, vecinos autoconvocados se encuentran en estado de alerta, recolectando firmas y exigiendo que el Gobierno garantice el derecho constitucional de acceso a la información pública antes de avanzar con el proyecto.
