Maricel quintero y walter centeno cuestionaron al intendente por violencia institucional, lo tildaron de «patrón de estancia» y evalúan denuncias penales.
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Síntesis de datos clave:
* Operación: Compra directa de inmueble valuada en aprox. 40.000 dólares.
* Vía legal utilizada: Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) sin aval legislativo.
* Irregularidad temporal: El Concejo se enteró dos años después de concretada.
* Situación laboral: Empleados del Concejo llevan ocho meses sin cobrar sueldos.
Escándalo en el recinto
Una sesión del Concejo Deliberante de Pomán convocada para pedirle explicaciones al intendente Francisco Gordillo sobre la compra del inmueble conocido como «Casa Santa Rita» terminó en un absoluto escándalo político. El jefe comunal se negó rotundamente a responder preguntas, amenazó a legisladores y funcionarios, y abandonó abruptamente el recinto acompañado por su gabinete.
Ante la negativa de responder, el Presidente del Concejo Deliberante de Pomán, Walter Centeno, y la concejal Maricel Quinteros no dudaron en reaccionar con dureza y calificar a Gordillo como un «Patrón de estancia» debido a sus modos autoritarios.
La polémica compra por DNU
La adquisición del inmueble, concretada mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y valuada en alrededor de 40.000 dólares, nunca fue sometida al tratamiento legislativo del Concejo, pese a que la normativa municipal establece de manera taxativa que es ese cuerpo el que debe autorizar la compra de inmuebles.
Más aún, según señalaron los ediles, la documentación presentada por el Ejecutivo contiene fechas contradictorias: la cesión de derechos vinculada a la operación se firmó cuando el Concejo ya se encontraba en período ordinario de sesiones, lo que invalida por completo el argumento de urgencia invocado para justificar la vía del DNU. Debido a esta maniobra, el Concejo se enteró de la compra dos años después de que se hubiera concretado de forma secreta.
Durante la sesión, Gordillo rechazó el formato de debate y sostuvo que la ley no lo obliga a rendir cuentas ante el cuerpo legislativo. «La ley no establece que el intendente tenga que venir a responder acá», afirmó de forma desafiante. Esa postura desató reacciones encendidas entre los concejales, que lo acusaron de usar el espacio únicamente para leer un descargo y escapar del control institucional. Antes de retirarse, el intendente anunció que no volvería al Concejo salvo para el informe anual obligatorio, increpó al presidente del cuerpo, Walter Centeno, lo llamó «traidor» y le advirtió de forma amenazante: «El pueblo le va a hacer pagar lo que hizo».
Declaraciones de Maricel Quintero: «es un atropello total»
La concejal Maricel Quintero, del bloque Hacemos Catamarca, fue una de las voces más contundentes al momento de describir lo ocurrido. Para ella, la conducta de Gordillo no fue una sorpresa, sino la expresión más visible de un estilo de gestión que se sostiene sobre la intimidación y el miedo.
«El intendente estaba acostumbrado a que el Concejo Deliberante fuera una escribanía donde nadie lo controlaba. Ahora se olvida de que estamos en democracia y de que ir al Concejo a gritar no corresponde. Para mí es un atropello totalmente institucional».
Quintero explicó que Gordillo llegó a la sesión acompañado de la mayor parte de su gabinete con un propósito claro: amedrentar a los legisladores. Según reveló, muchos de esos funcionarios habrían sido obligados a asistir de forma coactiva. «Los directores que no querían participar de esa sesión fueron obligados por el intendente a estar presentes», aseguró la concejal, y agregó que la propia dinámica de la retirada fue intimidatoria: «Cuando él se levanta y se va, uno de sus directores se para en la puerta y no me deja pasar.»
«Quiso llevarnos a todos los directores y secretarios, que eran más de 40 o 45 personas, para imponernos miedo. El intendente es como un patrón de estancia: cree que está por encima de todos y que puede manejar a todo el mundo.»
La legisladora también denunció una práctica sistemática de intimidación a empleadas municipales que se expresan en redes sociales. Según relató, Gordillo cuenta con una directora encargada de monitorear publicaciones en Facebook e Instagram. Cuando detecta algún comentario crítico, el intendente convoca a las trabajadoras en privado, sin permitirles ingresar con sus teléfonos celulares, y las amenaza con cambiarlas de área o con graves consecuencias laborales si continúan opinando de forma libre. «Él llama a sus empleadas para amenazarlas, para que se queden calladas. La mayoría de la gente tiene miedo y no dice nada públicamente.»
La palabra de Walter Centeno: break con el oficialismo
Walter Centeno, presidente del Concejo Deliberante y referente del mismo espacio político que Gordillo, también respondió con extrema dureza. En un comunicado público, calificó al intendente de «déspota» y rechazó tajantemente la acusación de traición.
«Al exigirme sumisión y tratarme de 'traidor', demostró una actitud que deja la clara percepción de que no tiene las manos limpias. Mi único 'delito' fue ser un oficialista que cumple con la ley al solicitar los informes de gestión. Pedir transparencia jamás será una traición.»
Centeno también denunció que Gordillo amenazó con no pagar los sueldos de los empleados del Concejo mientras permanezca en el cargo. De hecho, los trabajadores del cuerpo ya llevan ocho meses sin cobrar sus haberes. «El intendente no tiene la facultad de poner ni una sola coma en este sentido. Retener y manipular los recursos del Poder Legislativo es violar la normativa vigente», advirtió, y agregó que no sería cómplice «de sus manejos ilegales con la plata del Concejo ni del maltrato a la gente».
Próximos pasos: la vía judicial
Toda la documentación presentada por el Ejecutivo fue enviada a comisión para su análisis detallado por los asesores legales del cuerpo. Varios concejales de la oposición y del propio oficialismo dialoguista adelantaron que evalúan presentar una denuncia penal vinculada a la operación irregular de compra del inmueble.
Quintero anticipó además que, ante una eventual nueva citación al intendente, el Concejo podría optar por sesionar a puertas cerradas y solicitará formalmente presencia policial para evitar que se repitan los hechos de violencia e intimidación colectiva. A su vez, la concejal mencionó tener en cuenta trascender de manera legal tras los hechos acontecidos en el recinto.
