Según Contreras, pese a que las multas “no han dado resultado”, se seguirán aplicando

Sumadas a las medidas de volver a Fase 1 por la pandemia de COVID-19, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, firmó un decreto por el cual se fijan multas por el incumplimiento de las medidas dispuestas, por ejemplo, pagar 5.000 pesos por no usar barbijo o tapaboca; o por las medidas de prevención en realización de reuniones sociales o de cualquier otro tipo, debiendo abonar el infractor entre 15 y 20 mil pesos.

Sobre estas medidas, el juez Federal de Catamarca, Miguel Ángel Contreras, expresó: “Muchas veces el problema no está en quien aplica la norma, está en quien hace la norma. Toda norma tiene que ir dotada de una coercibilidad, significa que si alguien la deja de observar, no la cumple, esa norma tiene que prever, digamos, un precio, una sanción a quien no la observa”. En tal sentido, Contreras mencionó que “a pesar de que hay mucha gente que ha sido procesada, a la que le ha sido embargada la suma, porque al margen de que podamos decir ‘vamos a resolver y le vamos a dar una pena de 2 años’, lo podemos resolver con una probation porque es un delito excarcelable; lo que duele, por decirlo de una forma más sana, es que la multa que hemos aplicado cuando hemos procesado, esas sumas están embargadas. En cierto modo, la gente que ha incurrido en inobservancia de la ley ha sido procesada, le ha sido embargada esa cantidad, no le ha resultado un mero trámite burocrático”.

Consultado sobre las multas dadas a conocer días atrás y si en la práctica se pueden cobrar, el magistrado consideró en La Brújula que al margen de las herramientas que se usen, sean represivas, o que se corrija con una multa, se debe analizar la eficacia de la normas. Pese a los procedimientos con gente detenida o los vehículos retenidos, “en la sociedad pareciera ser que no hizo mella eso, y sirvió nada. Le permite a usted pensar ‘ojo, que voy en horario que está prohibido’. Pareciera ser que en la gente eso no ha repercutido”.

A esto, Contreras le sumó que las medidas prohibitivas “no han dado resultado. No quiere decir que por el hecho de no dar resultado, no se dejen aplicar las sanciones. Obviamente que se tienen que aplicar las sanciones. Desde nuestro lado, tenemos el Código Penal y las leyes procesales, que establecen un determinado camino para sancionar, y nosotros lo vamos a seguir haciendo”.

Asimismo, el juez federal llamó a la reflexión al puntualizar: “Ojo, me tengo que cuidar, porque tengo que vivir y convivir con gente y estamos absolutamente expuestos”.

Finalmente, Contreras dio cuenta de que en el sistema vigente para aquellos que no observan las normas sanitarias y en el cual están involucradas todas las fuerzas de seguridad nacional y provincial, también existe un trabajo con la Justicia de la Provincia. Los fiscales intervienen e instruyen generalmente las causas y las remiten a la Fiscalía Federal, que las envía al Juzgado Federal para que pueda resolver.

Accionar judicial

Contreras señaló: “Tendríamos que ir sacando las resoluciones que corresponda para estos casos. Si nos dedicamos a ese trabajo, ahogaría, saturaría al juzgado. Sin embargo, estamos pensando seriamente en empezar a sacar, aun cuando en este momento se han acumulado los expedientes por centenares de la cantidad de infracciones que han sido labrado por la intervención de los fiscales”.

Por otra parte, se refirió a cómo viene trabajando la Justicia Federal. Explicó que se redujo el personal: una oficina que cuenta con siete empleados trabaja con uno solo, “los recursos humanos se disminuyen al mínimo indispensable y eso ha ocurrido aquí en Catamarca durante meses”.

No obstante, el juez federal señaló que esta situación llevó: “Nosotros priorizamos, básicamente, todos los asuntos que son de máxima urgencia”.

“Reconozco y estoy absolutamente persuadido: un procedimiento judicial, una procesamiento, una actuación judicial, efectivamente tiene que culminar con un pronunciamiento”, cerró Contreras. esquiu