La central apuesta a «paralizar» el país. No habrá colectivos, trenes, vuelos ni subtes. En paralelo, el Congreso sesiona.
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La Confederación General del Trabajo (CGT) inició en los primeros minutos de este jueves su cuarto paro general contra la gestión de Javier Milei.
La medida, que se extenderá por 24 horas, promete una jornada de actividad mínima debido a la adhesión total del transporte público, incluyendo a los colectiveros de la UTA.
Bajo la consigna de que «la Argentina se paralizará de punta a punta», la cúpula sindical busca marcar un límite al proyecto de reforma laboral que se trata hoy en la Cámara de Diputados. Dos estrategias ante el Congreso
A diferencia de la conducción oficial de la CGT, que ratificó una huelga sin desplazamiento de bases, un bloque de gremios «duros» (UOM, Aceiteros y Pilotos), junto a la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores y partidos de izquierda, decidieron reforzar la protesta con una movilización a las puertas del Congreso.
Esta división de tareas ocurre mientras los legisladores debaten el proyecto que ya cuenta con media sanción y que, tras la eliminación de artículos polémicos como el de las licencias, se perfila para ser aprobado y devuelto al Senado la próxima semana.
El reclamo sindical
Jorge Sola, secretario del Seguro y miembro del triunvirato cegetista, aclaró desde la sede de la calle Azopardo que el sector no se opone a una reforma en sí, «pero sí a perder derechos». Por su parte, Hugo «Cachorro» Godoy, titular de la CTA Autónoma, denunció la inconstitucionalidad del tratamiento:
«A las representaciones sindicales de millones de trabajadores solamente nos otorgan 5 minutos para abordar un tema de más de 200 artículos».
El escenario post-paro
Si el proyecto se convierte finalmente en ley, el sindicalismo ya advirtió que iniciará el camino de la judicialización. Pese a que el Ejecutivo aceptó excluir puntos críticos para la caja gremial, como la cuota sindical, el malestar persiste por los cambios estructurales en la legislación del trabajo.
Es la primera huelga general que enfrenta el Gobierno tras lograr avances legislativos concretos con la Ley Bases, lo que eleva la tensión entre la Casa Rosada y el movimiento obrero organizado.
