En un giro inesperado de la agenda legislativa, el Gobierno Nacional decidió congelar temporalmente el debate por la Ley de Glaciares. El objetivo de la administración de Javier Milei es concentrar todo el capital político en la aprobación de la Reforma Laboral, postergando una normativa clave para el desarrollo minero en la cordillera.
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Cambio de estrategia parlamentaria
La decisión se selló tras una reunión estratégica entre bloques aliados y la Jefatura de la bancada de La Libertad Avanza. Se ha solicitado una sesión exclusiva para el próximo miércoles 11 de febrero, donde el temario se limitará estrictamente al proyecto de modernización laboral.
Aunque el oficialismo sostiene que cuentan con los votos necesarios para la ley ambiental y que el retraso es meramente operativo, fuentes cercanas a los gobernadores de la región de Cuyo sugieren que el consenso aún es frágil debido a la alta sensibilidad social que genera el tema.
El nudo del conflicto: el Artículo 6
La disputa central radica en la protección de los ambientes periglaciares. Desde 2010, la ley vigente bloquea proyectos mineros e hidrocarburíferos en estas zonas para preservar las reservas de agua dulce. La reforma propuesta por el Ejecutivo busca:
Redefinir áreas protegidas: Liberar zonas hoy vedadas para la actividad industrial.
Atraer inversiones: Abrir el camino a proyectos de litio y cobre en provincias como Catamarca, Salta, Jujuy, San Juan y Mendoza.
Incertidumbre en el sector inversor
La postergación ha encendido alarmas en las cámaras mineras. Se estima que hay proyectos valuados en aproximadamente 14.000 millones de dólares que dependen de la seguridad jurídica que brindaría esta reforma.
Pese a la presión de los inversores, la "mesa chica" del Gobierno —liderada por Karina Milei, Manuel Adorni y Diego Santilli— ratificó que no habrá avances en materia ambiental hasta que la reforma laboral esté asegurada. Se espera que la discusión sobre los glaciares se retome en una nueva ventana política antes de que finalice febrero.
