“Porque (aunque) mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá”, dice el Salmo 27,10. Por estas horas, el padre Moisés Pachado ya no está a cargo de la Parroquia San Francisco de Asís, en Andalgalá. Desde el Obispado se informó que el obispo Luis Urbanc designó como administrador parroquial de esta comunidad al presbítero Martín Melo, quien se venía desempeñando como vicario parroquial.
Según se explicó, aunque escuetamente, el cura Pachado renunció como párroco de esa comunidad, “hasta solucionar sus cuestiones personales ante la Justicia”. El sacerdote está imputado por "abuso sexual con acceso carnal agravado por ser el autor ministro de un culto religioso" y "abuso sexual simple agravado por ser el autor ministro de un culto" un hecho continuado. El cura fue imputado a principios de octubre último y como primeras medidas la Fiscalía de la Tercera Circunscripción de Belén había ordenado que se le realicen las pericias psiquiátricas y psicológicas. Pachado fue denunciado a mediados de diciembre de 2018 y luego que la Cámara de Apelaciones rechazará un pedido de prescripción, la fiscalía lo imputó.
El hecho del que se lo acusa habría ocurrido en 1997; por entonces, la denunciante era una niña de nueve años y el religioso estaba radicado en la localidad de Hualfín, en el departamento Belén. Actualmente, la joven tiene 30 años.
En este contexto, también se informó que tras la publicación de la Carta Apostólica del papa Francisco “de Motu Proprio ‘Vos estis lux mundi’”, de fecha 7 de mayo de 2019. En esta misiva establece normas referidas a delitos cometidos por clérigos o miembros de institutos de vida consagrada o sociedades de vida apostólica “contra el sexto mandamiento del Decálogo y a conductas llevadas a cabo por autoridades competentes que consistan en acciones u omisiones dirigidas a interferir o eludir investigaciones civiles o investigaciones canónicas, administrativas o penales, contra un clérigo o un religioso, respecto de los mencionados delitos”. Por ello, Urbanc nombró para la Diócesis de Catamarca, una Comisión de Abusos Sexuales para la recepción de informes. Para tal fin, fue designado el presbítero Julio Quiroga del Pino, quien contará con la colaboración de sus pares Julio Alejandro Murúa, Salvador Armengol Acevedo y José Antonio Díaz. “Por cualquier inquietud, dirigirse al Obispado de Catamarca, San Martín 655, de lunes a viernes, de 9.00 a 12.30, a partir del mes de febrero”, se precisó.
Este diario intentó consultar, a efectos de tener más detalles al respecto, con los integrantes de la Comisión. El presbítero Quiroga del Pino, designado para encabezar esta comisión, brevemente comentó que “cuando uno sepa de algo o tenga algo que decir al respecto o alguna denuncia, se presenta en el Obispado y pregunta por mí, en primer lugar, y recién se establece la reunión”.
Catamarca registra, hasta el momento, tres sacerdotes sospechados de haber incumplido con el sexto mandamiento –impulsados por sus bajos instintos- que aún no llegan a ser juzgados, de acuerdo con el Código Penal Argentino (CPA). “Si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración”, dice Mateo 21.22 y, por lo pronto, las personas que los denunciaron esperan justicia, la de los hombres en primera instancia.
Con sotana, entre la Biblia y el Código Penal
En Catamarca, hay tres sacerdotes que deben responder por delitos contra la integridad sexual, según los artículos 118 al 133 del Código Penal Argentino (CPA). Juan de Dios Gutiérrez, Renato Rasguido y Moisés Pachado visten el hábito y están bajo la mirada de la Justicia de los hombres para responder por estos delitos.
De los tres sacerdotes acusados, Juan de Dios Gutiérrez podría ser el primer religioso en Catamarca en ser juzgado por abuso sexual. En marzo de 2009 el presbítero Renato Rasguido asumía como párroco de Andalgalá. Cinco años después una mujer lo denunció por reiterados abusos sexuales en contra de su hijo adolescente. Lo imputaron y guardó silencio. Tiempo después tuvo que mudarse de Andalgalá al edificio del Obispado, en la Capital. Los dos casos de abusos sexuales que involucran a miembros del clero local figuraban en la nómina de los 62 casos denunciados, que se presentó en 2017, y en los que se observa que un mínimo porcentaje ha terminado con una condena en la Justicia y la expulsión del sacerdocio. En diciembre de 2018, se sumó el caso del cura Pachado, también de Belén. Es el primer religioso acusado de un delito de esta índole en renunciar a su parroquia. Gutiérrez y Rasguido fueron apartados y reasignados a otros lugares.
"Un día domingo después de misa, él me pide que me quede a ayudarle a acomodar todo en la sacristía. Viene por detrás y me besa, después me lleva a su dormitorio. Me dice que era un secreto y no lo podía decir a nadie. La situación empeoró porque lloraba todas las noches y empezó el insomnio, las pesadillas (...)", había publicado en la red social de Facebook la joven que en diciembre de 2018.
El caso Próvolo: la condena de los curas que ultrajaban a niños sordos
"Culpables", fue el veredicto del Tribunal Penal Colegiado Nº 2 de Mendoza. Tras un proceso que comenzó el 5 de agosto último, con lenguaje de señas, los jueces Carlos Díaz, Mauricio Juan y Aníbal Crivelli, el pasado 25 de noviembre dieron a conocer el veredicto para los curas Nicola Bruno Corradi y Horacio Hugo Corbacho Blanc y el jardinero Armando Ramón Gómez, los acusados de abusar y corromper a 11 chicos sordos en el Instituto Antonio Próvolo. Se trató de un total de 28 hechos que ocurrieron entre 2005 y 2016, más de 11 años de ataques y torturas sexuales. Sus víctimas, tanto varones como mujeres, tenían entre siete y 17 años de edad.
Corradi, el principal de los acusados en jerarquía dentro del Próvolo, que se moviliza en silla de ruedas, recibió 42 años de cárcel.
Corbacho recibió otros 45 años. Corbacho fue absuelto en varias acusaciones por figuras como el beneficio de la duda. Lo habían imputado originalmente por 16 hechos en total. Corradi, también, fue absuelto de otras acusaciones por falta de acusación fiscal.
El jardinero Gómez, que es sordo, y para quien el fiscal Alejandro Iturbide tuvo en cuenta atenuantes como que se trata de una persona analfabeta, de poca instrucción y claramente influenciable, recibió una pena de 18 años. Iturbide había pedido montos de hasta 45 años de prisión en su extenso alegato que duró dos jornadas.
Los tres acusados se negaron a declarar ante el ofrecimiento de dar sus últimas palabras tras ingresar a la sala de audiencias. El fallo es el comienzo del fin para uno de los casos más brutales de abuso sexual en la infancia en la Iglesia católica y que generó un nivel de controversia y horror quizás similar al del todavía cura Julio Grassi, preso en Campana y con una condena confirmada por la Corte Suprema. Corradi y Corbacho, tal como Grassi, conservan hasta hoy sus investiduras como sacerdotes. ancasti
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